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23 de mayo de 2018

Asfadec entregará proyecto de Ley de búsqueda de personas desaparecidas a defensora del Pueblo

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) entregará  hoy, 23 de mayo de 2018, a las 16:30, el proyecto de Ley orgánica para la búsqueda, investigación y localización depersonas desaparecidas a la defensora del Pueblo Gina Benavides.

En esta reunión de trabajo, como familiares de personas desaparecidas expondremos la necesidad de crear una ley que permita determinar las acciones estatales necesarias para dar con el paradero de las personas desaparecidas, incluyendo investigaciones e intervenciones efectivas y oportunas. Por otro, lado también buscamos que se establezca medidas legislativas, administrativas y judiciales encaminadas a prevenir la desaparición. 

Otros de los puntos a tratar, será las inconsistencias de las estadísticas sobre las personas desaparecidas que aún se mantienen entre los informes emitidos por el Ministerio de Interior y Fiscalía General del Estado.

La reunión se desarrollará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en La Shyris y La Tierra, norte de Quito.

Dato:

El proyecto de ley fue construida por Asfadec, Alexandra Córdova, madre de David Romo desaparecido el 16 de mayo de 2013; y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Además, fue entregada en la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas de la Asamblea Nacional. 


10 de mayo de 2018

Asfadec respalda la designación de Gina Benavides como nueva defensora del Pueblo

Cartelera en los exteriores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina.


La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos en Ecuador (Asfadec) respalda la designación de Gina Benavides Llerena como la nueva defensora del Pueblo de Ecuador nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio.

Como familiares y amigos de personas desaparecidas reconocemos su trabajo solidario, humano, independiente y profesional para abordar las diferentes problemáticas sociales del Ecuador, en especial el fenómeno de las desapariciones que ya deja 4402 personas que no han regresado a casa. 
Gina Benavides es una de las personas que ha trabajado de forma constante y desinteresada  en la denuncia y visibilización de las desapariciones de persona en el país a través del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Consideramos que su trabajo comprometido en la defensa de los derechos humanos permitirá garantizar los derechos de todas las personas del Ecuador y  nos llena de esperanza que su labor  garantice de forma efectiva la vigilancia al debido proceso. 

Nuestros seres queridos necesitan volver a casa y el Estado ecuatoriano es responsable de garantizar nuestro derecho a verdad, justicia y memoria.

Atentamente:
Telmo Pacheco
Presidente de Asfadec 

Telmo Pacheco en la posesión de la nueva defensora del Pueblo.


27 de enero de 2014

Policía Nacional capacita a 200 investigadores sobre técnicas para la ubicación de personas


Ignaguración del Primer Curso Nacional de Desaparición
La capacitación es organizada por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparecidos, Extorsión y Secuestros (Dinased). Los participantes son 200 efectivos pertenecientes al nuevo departamento policial encargado de resolver los casos de desapariciones en todo el país.

La ceremonia contó con la presencia del general Marcelo Rocha, Jefe Estado Mayor de la Policía Nacional; Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo; general Milton Zárate, director Nacional  de Policía Judicial; general Juan Ruales, director Nacional de Tránsito; y coronel Carlos Alulema, director Dinased.

En su intervención, el general Rocha incluyó a esta capacitación en el esfuerzo institucional por enfrentar el dolor que provoca la desaparición de personas. Anunció que la labor que cumple el personal perteneciente a la Dinased apunta a la resolución del total de los casos denunciados hasta el momento.

Duración

Primer Curso Nacional de Desaparición de Personas
tendrá una duración de dos semanas, en su primera fase. Esta constará  de las siguientes temáticas: Antropología forense, y técnicas forenses para la recolección de indicios; reclutamiento de fuentes humanas; técnicas de entrevista e interrogatorios; operaciones básicas de inteligencia; análisis de inteligencia y ciclo de inteligencia; explotación de sitio; elaboración de partes e informes.

La segunda fase tiene una duración de 4 semanas, en las cuales se impartirán las siguientes materias: Protocolos de investigación y tratamiento de desaparición de personas; entorno psicosocial de víctimas y victimarios para casos de desaparición de personas; identidad humana; medicina legal; inteligencia electrónica; armas y tiro; supervivencia policial; marco legal; procedimiento Policía Judicial; Derechos Humanos; Seguridad Cuidadana; Cívica; calidad  de gestión y tratamiento de víctimas; Recursos Humanos y Educación Física.

Las materias serán impartidas por docentes policiales, civiles y extranjeros. Luego de esta capacitación, los miembros policiales se distribuirán de acuerdo a las problemáticas existentes en las diferentes provincias del país.

Apoyo y coordinación

Representantes de varias organizaciones de familias de desaparecidos asistieron al acto. Consideran que la creación de la Dinased, así como la capacitación y fortalecimiento de su labor aporta significativamente a la resolución de los casos de desaparición de sus familiares.

María de Lourdes Mejía, presidenta de la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados (Anadea), se mostró confiada en que estas acciones puedan dar con el paradero de sus familiares.

Por su parte, Luís Sigcho, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), destacó que las nuevas autoridades de la Dinased, Policía Nacional, Ministerio del Interior y Gobierno Nacional han intensificado el contacto y coordinación con las familias de las víctimas. Es un paso importante que como institución y como sociedad civil estamos danto ara hallar una solución a las desapariciones, explicó el dirigente.

“Nosotros aplaudimos la gestión del Presidente de la República. En base a la conversación que mantuvimos con él y autoridades del Ministerio del Interior hemos coordinado una salida a la luz pública. Antes estábamos como desaparecidos, en segundo plano, tomando en cuenta que la situación de los desaparecidos es tan difícil. Esto es un compromiso de las autoridades, cuanto de la sociedad civil…

 Tenemos convicción que estas capacitaciones vamos a llegar a un nivel de conocimiento adecuado, vamos a llegar a cosas mejores”, precisó Susana Valencia.

Contenido publicado originalmente en:
 

15 de diciembre de 2013

Desaparecidos, la angustia de no saber dónde están


Familiares de desaparecidos a la espera de reunirse con autoridades.Alfredo Cárdenas.

 Ellos, junto a decenas de personas, son los rostros de una realidad que en el Ecuador suma día a día familias y amigos a quienes la paz se les esfumó de un instante a otro. Desapariciones forzadas, ejecutadas por uniformados, o involuntarias, realizadas por ciudadanos comunes o grupos delictivos, atormentan sus vidas al no saber nada de los suyos.

Para todos ellos su cotidianidad cambió: los padres se volvieron investigadores, las abuelas se transformaron en madres nuevamente y los hijos se erigieron como cabeza de hogar. Todos intentan llenar el vacío dejado. Y, aunque es difícil y el tiempo pasa, siempre mantienen la esperanza de que regresen.

A Elizabeth Rodríguez lo único que le queda, desde la mañana del 7 de julio del 2012, es la esperanza en Dios para encontrar a su hija Juliana Campoverde. De ella no sabe nada desde que desapareció camino a su trabajo, en el sur de Quito.

El corazón de madre de Elizabeth le dice que su ‘pequeña’ de 18 años está viva. Esto, a pesar de que seis de los siete fiscales y un número que no recuerda de policías judiciales, que, dice, han pasado por su caso “sin investigar correctamente”, le han intentado quitar la ilusión insistiendo en que es complicado que aparezca.

El primer informe temático sobre personas desaparecidas en el Ecuador, realizado por la Defensoría del Pueblo y presentado la última semana, revela que en los primeros nueve meses del 2013 hubo un promedio de 24,4 denuncias diarias por desaparición. La mayor cantidad de 6.670 casos está en Guayas y Pichincha.

Sin embargo, el 95% de hechos se resuelve en menos de 72 horas con el aparecimiento de la persona; y solo el 5% de las denuncias pasa a indagación por estar relacionado con delitos como homicidio/asesinato, asalto, violación o lesiones.

La representante de la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados del Ecuador (Anadea), María Mejía, cree que no tener en la mayoría de sus casos un juicio y menos una sentencia es parte de la deuda histórica que instituciones del Estado, como Fiscalía y Policía, mantienen con ellos.

Es fiel testigo de la lentitud en los procesos, pues en enero del 2014 se cumplirán cuatro años de la desaparición de su hija María Guerrero y su caso, critica, no pasa de indagación previa. La razón: tres fiscales y policías que han revisado el proceso han tenido sobra de indolencia, falta de respeto, carga laboral y desconocimiento de cómo investigar.

“Hasta para darle facilidad al señor agente hay que darle de comer bien, porque ellos no miden el bolsillo de cada familia”, apunta Mejía. Sobre desidia y lentitud también conoce Diana Cedeño Intriago. Desde el 17 de noviembre del 2010 ella busca a su sobrino César Elías Vélez, un soldado activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien desapareció en Guayaquil junto con su padre, Stalin Vélez. Por exigir una investigación eficiente que lleve a salir de indagación previa el caso, que ya tiene más de tres años, dice haber sido “botada” de la oficina del fiscal que lo lleva, Francisco Campodónico. No obstante, él niega la acusación y asegura que ahora el proceso acumula nueve cuerpos y ha actuado apegado a la ley.

“Desde el inicio, aparte del dolor de no saber qué pasó con mi sobrino, hemos sido pisoteadas, insultadas y hasta tenemos prohibición de ingresar a ciertas oficinas (en la Fiscalía)”, expuso en una queja Diana Cedeño.

Debido a este tipo de denuncias, el jueves último, el fiscal Galo Chiriboga ofreció disculpas públicas y anunció que analiza la posibilidad de remover de sus cargos a fiscales que a nivel nacional llevan esos casos.

El estudio de la Defensoría del Pueblo refiere que el 77% de casos por desaparición está en indagación o instrucción fiscal y el 23% ha sido vinculado con asesinatos.

Ante el pedido de organizaciones que agrupan a familiares de desaparecidos para que el Estado incorpore una unidad policial específica y especializada para estos casos, en octubre pasado, el ministro del Interior creó una dirección nacional dentro de la Policía.

Pese a las demandas, la denominada Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros) no solo se encargará de investigar desapariciones, sino además otro tipo de hechos.

De esta dirección dependerán 386 agentes investigadores: 140 son de la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsiones) y 246 se incorporaron hace tres días.

Cuando explica la realidad de los desaparecidos en el Ecuador, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dice que el Estado se ha preocupado de otros temas, como por ejemplo narcotráfico o secuestros, pero cree que falta fortalecer las áreas que tienen directa relación con la vida de las personas.

Para Rivadeneira, detrás de una desaparición pueden existir múltiples causas como la trata de personas, el narcotráfico o delitos que ocurren en el país, como secuestros y asesinatos. En esa medida piensa que el Estado debe dar una respuesta inmediata y coordinada, a través de una política pública.

Tras la reunión del jueves último entre el presidente Rafael Correa y familiares de desaparecidos, apunta Rivadeneira, el primer mandatario habría ofrecido impulsar una política pública respecto de este tema en su gabinete de mañana lunes.

La tipificación de la desaparición, que este tipo de casos no prescriban, ayuda laboral a los familiares de los desaparecidos y el ingreso de los casos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior son también otros ofrecimientos.

Pero además de desapariciones forzadas e involuntarias, también existen los casos de personas que perdieron el rastro a familiares que padecen de enfermedades o desconocían el sitio donde se encontraban. Un caso es el de Jimena Díaz, quien desde hace siete meses busca a su padre, Corazón de Jesús, de 84 años. Sufre epilepsia y aparentemente en una de sus caminatas por Pusuquí, norte de Quito, perdió la memoria y se extravió.

Las pistas seguidas por ella la han llevado de Quito a Esmeraldas. En esos lugares descubrió que muchos adultos mayores con demencia senil y pérdida de memoria son mendigos y, dice, no hay un sistema policial o de salud que recopile información sobre ellos en una base de datos, para que puedan ser reconocidos por familiares que los estén buscando.

Contenido publicado originalmente en:
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Monitoreo de Medios de Comunicación

11 de diciembre de 2013

‘Frenar la tortura y violencia de género aún es un desafío’

Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador


Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Foto El Comercio.


 ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país?

 Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todos los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance.

 La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país.

Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte.

Y sobre la tortura...

Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar.

¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina?

No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso.

Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema?

Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes.

¿Solo acompañar?

No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba.
¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría?

Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas.

¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría?

 Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país.

¿De qué tratan esos casos?

 La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores.

 ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año.

Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

Contenido publicado originalemente en: 
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Monitoreo de Medios de Comunicación



Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/Defensoria_Pueblo-Derechos_Humanos-desapariciones-Ecuador-Ramiro_Rivadeneira_0_1045095570.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

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Redacción Seguridad y Justicia Ramiro Rivadeneira Martes 10/12/2013 Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/seguridad/Defensoria_Pueblo-Derechos_Humanos-desapariciones-Ecuador-Ramiro_Rivadeneira_0_1045095570.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Redacción Seguridad y Justicia Ramiro Rivadeneira Martes 10/12/2013 Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

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Redacción Seguridad y Justicia Ramiro Rivadeneira Martes 10/12/2013 Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

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Entrevista a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo del Ecuador ¿Qué avances hay en la protección de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país? Creo que el país ha dado un salto grande respecto a la inversión de algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo a la salud. Debemos recordar que aún a escala internacional hay serias falencias sobre la protección de derechos. El Sistema Interamericano no recibe peticiones o demandas individuales de violaciones al derecho de la salud. Cuando en el Ecuador ya se declaró que todas los derechos humanos son judiciales. Ese es un avance. La violencia de género y los actos de tortura siguen como un desafío para el país. Vemos que lamentablemente en el país se sigue viviendo discriminación y violencia por situaciones de género. Es así que hemos detectado muchos casos de femicidio y ahora ya se lo va a tipificar. Ese es un avance, pero es un parte. Y sobre la tortura... Los números nos indican que ya no hay una práctica sistemática de tortura. Pueden existir situaciones de trato cruel, degradante o inhumano que se encuentra en la mala práctica de los funcionarios. Eso sí hay, pero ya no responde a un esquema de tortura. Por supuesto que esto es aún un desafío, sobre todo en la capacitación del personal policial y militar. ¿Por qué la Defensoría no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la muerte de una persona durante un confuso operativo militar. Las FF.AA. dijeron que la víctima intentó asaltar la comitiva del vicepresidente de Argentina? No tengo referencia al caso, pero hay muchas muertes en el país por situaciones de violencia y quienes conocen estos casos es la Fiscalía. Además, la ley dice que cuando se inicia un proceso judicial, la Defensoría solo puede vigilar el debido proceso. Esta semana la Defensoría ha organizado un foro internacional sobre la desaparición involuntaria, ¿por qué se resalta este tema? Porque estamos viviendo una situación difícil, calamitosa para las familias que tienen a una persona desaparecida. Lo que hemos visto, de acuerdo con lo que nos dicen, es que no encuentran respuestas eficaces ni en la institucionalidad del Estado ni en la comunidad para hallar a sus familiares. La Defensoría del Pueblo se ve en la obligación de acompañar a los parientes. ¿Solo acompañar? No, también queremos formar un sistema de información nacional. Por ejemplo, una persona puede estar en un hospital inconsciente y eso no se reporta a la Policía. O cuando alguien llega a una morgue y no es reclamado simplemente se le hace una cristina sepultura. No hemos desarrollado un sistema para recoger su ADN (información genética) y así, en un futuro, saber de quién se trataba. ¿Ese sistema de información nacional es un objetivo de la Defensoría? Sí, porque gira en torno a un derecho primordial que es el derecho a la vida. Pero además la desaparición involuntaria puede venir por efecto de un delito, como la trata de personas. ¿En este año, qué casos de vulneraciones de los DD.HH. ha recopilado la Defensoría? Hay varios. No tengo una estadística exacta. Pero hasta septiembre nos habla de 33 000. Nos muestra que vamos a cerrar el año con unos 40 000 casos atendidos en el país. ¿De qué tratan esos casos? La mayoría con asesorías. Muchas personas llegan a la Defensoría por temas que no son de competencia directa. Algunas buscan un abogado y quien da defensa gratuita es la Defensoría Pública. Otro gran porcentaje es por denuncias de consumidores. ¿Y cuántos son por violaciones graves a los Derechos Humanos en el país? De estos, alrededor del 20% tiene que ver con los DD.HH. Estamos hablando de unos 4 000 casos que iniciamos este año. Hoja de vida Su vida  Es doctor en Jurisprudencia y magíster en Ciencias Internacionales. Tiene diplomados y especializaciones en Ecuador, Chile y España. Su trayectoria. Desde el 2011 es el Defensor del Pueblo.

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