15 de diciembre de 2013

Desaparecidos, la angustia de no saber dónde están


Familiares de desaparecidos a la espera de reunirse con autoridades.Alfredo Cárdenas.

 Ellos, junto a decenas de personas, son los rostros de una realidad que en el Ecuador suma día a día familias y amigos a quienes la paz se les esfumó de un instante a otro. Desapariciones forzadas, ejecutadas por uniformados, o involuntarias, realizadas por ciudadanos comunes o grupos delictivos, atormentan sus vidas al no saber nada de los suyos.

Para todos ellos su cotidianidad cambió: los padres se volvieron investigadores, las abuelas se transformaron en madres nuevamente y los hijos se erigieron como cabeza de hogar. Todos intentan llenar el vacío dejado. Y, aunque es difícil y el tiempo pasa, siempre mantienen la esperanza de que regresen.

A Elizabeth Rodríguez lo único que le queda, desde la mañana del 7 de julio del 2012, es la esperanza en Dios para encontrar a su hija Juliana Campoverde. De ella no sabe nada desde que desapareció camino a su trabajo, en el sur de Quito.

El corazón de madre de Elizabeth le dice que su ‘pequeña’ de 18 años está viva. Esto, a pesar de que seis de los siete fiscales y un número que no recuerda de policías judiciales, que, dice, han pasado por su caso “sin investigar correctamente”, le han intentado quitar la ilusión insistiendo en que es complicado que aparezca.

El primer informe temático sobre personas desaparecidas en el Ecuador, realizado por la Defensoría del Pueblo y presentado la última semana, revela que en los primeros nueve meses del 2013 hubo un promedio de 24,4 denuncias diarias por desaparición. La mayor cantidad de 6.670 casos está en Guayas y Pichincha.

Sin embargo, el 95% de hechos se resuelve en menos de 72 horas con el aparecimiento de la persona; y solo el 5% de las denuncias pasa a indagación por estar relacionado con delitos como homicidio/asesinato, asalto, violación o lesiones.

La representante de la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados del Ecuador (Anadea), María Mejía, cree que no tener en la mayoría de sus casos un juicio y menos una sentencia es parte de la deuda histórica que instituciones del Estado, como Fiscalía y Policía, mantienen con ellos.

Es fiel testigo de la lentitud en los procesos, pues en enero del 2014 se cumplirán cuatro años de la desaparición de su hija María Guerrero y su caso, critica, no pasa de indagación previa. La razón: tres fiscales y policías que han revisado el proceso han tenido sobra de indolencia, falta de respeto, carga laboral y desconocimiento de cómo investigar.

“Hasta para darle facilidad al señor agente hay que darle de comer bien, porque ellos no miden el bolsillo de cada familia”, apunta Mejía. Sobre desidia y lentitud también conoce Diana Cedeño Intriago. Desde el 17 de noviembre del 2010 ella busca a su sobrino César Elías Vélez, un soldado activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien desapareció en Guayaquil junto con su padre, Stalin Vélez. Por exigir una investigación eficiente que lleve a salir de indagación previa el caso, que ya tiene más de tres años, dice haber sido “botada” de la oficina del fiscal que lo lleva, Francisco Campodónico. No obstante, él niega la acusación y asegura que ahora el proceso acumula nueve cuerpos y ha actuado apegado a la ley.

“Desde el inicio, aparte del dolor de no saber qué pasó con mi sobrino, hemos sido pisoteadas, insultadas y hasta tenemos prohibición de ingresar a ciertas oficinas (en la Fiscalía)”, expuso en una queja Diana Cedeño.

Debido a este tipo de denuncias, el jueves último, el fiscal Galo Chiriboga ofreció disculpas públicas y anunció que analiza la posibilidad de remover de sus cargos a fiscales que a nivel nacional llevan esos casos.

El estudio de la Defensoría del Pueblo refiere que el 77% de casos por desaparición está en indagación o instrucción fiscal y el 23% ha sido vinculado con asesinatos.

Ante el pedido de organizaciones que agrupan a familiares de desaparecidos para que el Estado incorpore una unidad policial específica y especializada para estos casos, en octubre pasado, el ministro del Interior creó una dirección nacional dentro de la Policía.

Pese a las demandas, la denominada Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros) no solo se encargará de investigar desapariciones, sino además otro tipo de hechos.

De esta dirección dependerán 386 agentes investigadores: 140 son de la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsiones) y 246 se incorporaron hace tres días.

Cuando explica la realidad de los desaparecidos en el Ecuador, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dice que el Estado se ha preocupado de otros temas, como por ejemplo narcotráfico o secuestros, pero cree que falta fortalecer las áreas que tienen directa relación con la vida de las personas.

Para Rivadeneira, detrás de una desaparición pueden existir múltiples causas como la trata de personas, el narcotráfico o delitos que ocurren en el país, como secuestros y asesinatos. En esa medida piensa que el Estado debe dar una respuesta inmediata y coordinada, a través de una política pública.

Tras la reunión del jueves último entre el presidente Rafael Correa y familiares de desaparecidos, apunta Rivadeneira, el primer mandatario habría ofrecido impulsar una política pública respecto de este tema en su gabinete de mañana lunes.

La tipificación de la desaparición, que este tipo de casos no prescriban, ayuda laboral a los familiares de los desaparecidos y el ingreso de los casos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior son también otros ofrecimientos.

Pero además de desapariciones forzadas e involuntarias, también existen los casos de personas que perdieron el rastro a familiares que padecen de enfermedades o desconocían el sitio donde se encontraban. Un caso es el de Jimena Díaz, quien desde hace siete meses busca a su padre, Corazón de Jesús, de 84 años. Sufre epilepsia y aparentemente en una de sus caminatas por Pusuquí, norte de Quito, perdió la memoria y se extravió.

Las pistas seguidas por ella la han llevado de Quito a Esmeraldas. En esos lugares descubrió que muchos adultos mayores con demencia senil y pérdida de memoria son mendigos y, dice, no hay un sistema policial o de salud que recopile información sobre ellos en una base de datos, para que puedan ser reconocidos por familiares que los estén buscando.

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