Hoy, 9 de marzo de 2017, se
realizó la segunda sesión de examen periódico del Estado ecuatoriano ante los
relatores y miembros del Comité contra desapariciones forzadas de las Naciones
Unidas (CED),en Ginebra.
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| Andrés De la Vega, viceministro de Coordinación y Seguridad en Ginebra. |
A las 04:00, hora Ecuador, los
relatores iniciaron la sesión con las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de
capacitación reciben la Policía Nacional y si ese contenido incluye la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas que fue ratificada por Ecuador? ¿Qué medidas de
reparación se han cumplido con las víctimas de desaparición forzadas y si no se
han cumplido por qué se ha demorado el proceso? ¿Cuántas personas, víctimas de
desaparición forzada han sido localizadas y cuántas faltan? ¿Si la Dinased no
es competente para resolver casos de desaparición forzada, cómo saben si se
trata de una desaparición forzada o regular y cómo la tratan? ¿Si los familiares
de desaparecidos tienen limitaciones para asociarse? ¿Si todos los familiares se
les permite participar en reuniones con la Presidencia?
Frente a estas preguntas, el
viceministro de Coordinación y Seguridad, Andrés De la Vega, señaló que el presidente Rafael Correa con los delegados de otras
15 instituciones se han reunido con cerca de 100 familiares de personas
desaparecidas cada semestre. También, enfatizó, que los familiares no son víctimas de “malos tratos” y que en Ecuador se respeta el derecho a la libertad
de asociación.
Por lo antes mencionado, queremos
señalar que:
-
Uno.
Reconocemos el trabajo que ha realizado el Estado ecuatoriano en torno a la
problemática de personas desaparecidas, sin embargo, no es suficiente porque no
existe una política integral que enfrente el tema de desapariciones y lo
prevenga.
-
Dos. La
primera
reunión de diciembre de 2013 que se realizó con el presidente Rafael Correa
y otros representantes del Estado fue fructífera porque se llegó a un acuerdo
con cinco puntos: primero, la inclusión de la tipificación de la desaparición
involuntaria en el nuevo Código Integral Penal; segundo, un plan de recompensas
1800 para las personas que se encuentran desaparecidas; tercero, la elaboración
de un reporte de hospitales, morgues, terminales que incluya información
detallada sobre personas desaparecidas o NN que hayan sido ingresadas o
atendidas en dichas instituciones; cuarto, el desarrollo de reuniones quincenales
de familiares de las víctimas con los fiscales y agentes asignados al caso con
el fin de avanzar en el proceso de investigación y búsqueda; y quinto el
desarrollo de una reunión con el mandatario de la República luego de seis meses
para evaluar los avances de estos acuerdos. Además, se habló de crear una
política integral para enfrentar esta problemática. Han pasado más de 3 años y la desaparición
involuntaria no fue tipificada, el Sistema de Recompensas no funciona; no
existe una base de datos de personas desaparecidas o NN, pues al parecer se
sigue construyendo; y las reuniones con el presidente Rafael Correa no son
citas de seguimiento y evaluación sino de exposición y re victimización.
Estas reuniones no se realizan cada semestre sino cada 6 u ocho meses no son de seguimiento
ni evaluación pues no llevan actas de las mismas. La Asociación ha solicitado
las memorias y la respuesta fue que no existen.
-
Tres. En
Ecuador se registra más de 4300 denuncias de desapariciones, pero solo en las
reuniones presidenciales se analizan alrededor de 90 casos. No todas las
familias son invitadas. Además, le recordamos a las autoridades que el año
2014, a Luis Sigcho, ex presidente de Asfadec se le negó el ingreso a la
reunión, y en el 2016, no se invitó a Telmo Pacheco, presidente de Asociación,
para participar a la reunión con el presidente Correa. Las autoridades nunca
indicaron la razón.
-
Cuatro. Los
familiares de personas desaparecidas sí somos víctimas de malos tratos,
viceministro Andrés Tinajero por eso decidimos ya no ingresar a la quinta
reunión con el presidente Rafael Correa.
-
Cinco. Los
familiares somos víctimas de hostigamiento y hasta de agresiones por exigir
justicia para nuestros seres queridos desaparecidos. En julio de 2016,
presentamos una denuncia en la Fiscalía.
-
Seis.
De los 17 casos de desapariciones forzadas que registra la Comisión de la Verdad
de Ecuador, señalamos que no todos los casos se ha resuelto ni se han
judicializado. El escritor Gustavo Garzón desapareció el 10 de noviembre de
1990, en la ciudad de Quito. Hasta el momento, su familia desconoce su
paradero. Además, el caso no ha sido judicializado y el ex jefe de la Policía,
Edgar Vaca, persona que presuntamente conocía el paradero de Gustavo, falleció
el 31 de enero de este año sin dar respuesta alguna.
-
Siete.
Señalamos que en Ecuador, tras el 2008 sí se han registrado casos de desapariciones
forzadas. Como el caso de Francisco Cajigas, joven de 32 años de ciudadanía
colombiana, desaparecido en noviembre de 2015 en Ibarra tras ser detenido por
la Policía y luego de 13 días encontrado sin vida en la Laguna de Yahuarcocha.
También Edwin Ullco, joven de 20 años desapareció el 1 de mayo de 2016, en
Quito. Ese mismo día de su desaparición, la Policía Nacional registra en un
parte policial su detención.
- Ocho.
El Estado ecuatoriano dijo que los posibles perpetradores si son apartados de
las investigaciones y aseveran que no se trata de desaparición forzada, pero
los casos no son investigados oportuna y diligentemente en plazos razonables. Además,
los expedientes son reservados por lo que no se puede llegar a saber si están o
no involucrados agentes del Estado.
-
Nueve.
El Estado ecuatoriano, dice tener la base de datos y la lista para hacer
cotejamiento con los ADN en el laboratorio especializado en donde hay médicos forenses
con experticia, pero de qué nos sirve el laboratorio de criminalística y de
alta tecnología, si no hay personal
técnico y peor aún médicos forenses, solo hay un odontólogo forense. El
supuesto banco de ADN o base de datos con los NN no ha servido porque que cuando hay cuerpos no identificados, estos
pasan días, meses y hasta años en la morgue, como fue el caso de Guillermo
Sarzosa.
- Diez. El
Estado ecuatoriano dice que ha desarrollado Políticas Públicas y ha prestado
ayuda psicológica, económica, médica y social a los familiares de los desaparecidos.
Asimismo, busca la vida digna procurando proteger a la ciudadanía y
garantizando los DDHH. Todos los casos no son investigados con diligencia lo
que no nos permite tener acceso a la verdad ni conocer sobre el avance de las
investigaciones ya que en el país, la no prescripción de la investigación de
las personas desaparecidas no es garantía porque no hay plazos ni fechas para
terminar la investigación.
El fiscal puede
o no investigar y lo peor, los familiares no tenemos acceso a solicitar
rendición de cuentas por el trabajo no realizado por el fiscal, ya que de
acuerdo con el Consejo de la Judicatura, los fiscales son autónomos y dueños de
cada uno de los casos y pueden actuar como les parezca sin rendir cuentas de
sus actos. Los fiscales así como los
policías de la DINASED no son especializados, ya que estas instancias se
formaron con personal de varias unidades como los policías de tránsito.
- Once.
El Estado ecuatoriano dice que hay dos protocolos para la búsqueda de las
personas desaparecidas, extraviadas o perdidas, pero no reconoce que la Policía
tiene la idea preconcebida y estereotipos que las personas desaparecen por
decisión propia debido a embarazos, deudas, dos hogares, malas notas del
colegio, consumo de alcohol y/o drogas, incomprensión con los padres, esposos,
novios, etc.
- Doce.
Las campañas de prevención para evitar la desaparición de personas no se
encuentra lista. Al menos, los familiares de personas desaparecidas no hemos
participado ni hemos visto en los medios de comunicación y espacios públicos
como colegios o plazas su difusión.
Telmo Pacheco, presidente de Asfadec 0987704869
Daniela Salazar, secretaria de Asfadec 0979138816
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