La Dinased y la Fiscalía tienen más de 200 casos en investigación. Familiares piden tipificación de desaparición involuntaria en Código Orgánico Integral Penal.

Miembros de Desendor se reunieron en el exterior de la Asamblea Nacional para entregar su petición. Foto: Álvaro P

No es la primera vez que personal policial halla cuerpos de personas desaparecidas enterrados en el interior de viviendas. En febrero de 2014 el cadáver de la candidata a concejala de Playas, Lisette Avilés, fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su exconviviente; el fin de semana otras dos víctimas, presumiblemente madre e hijo, fueron exhumados de los cimientos de su propio domicilio, en Cayambe. En ambos casos los supuestos homicidas están tras las rejas.

J.D. y K.T., los principales sospechosos de la muerte de Beatriz López y su hijo David Núñez, quedaron con prisión preventiva, luego de que el juez penal del cantón Cayambe aceptó el pedido de la Fiscalía. Los sindicados fueron detenidos en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.

El último sábado, personal de la la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones (Dinased), encontró las osamentas bajo el piso de la vivienda de las víctimas en Cayambe, y se presume que pertenezcan a la madre con su vástago, quienes fueron reportados como desaparecidos el 20 de octubre de 2012.

Luego de 14 meses de investigación, los agentes de la Dinased ubicaron los cuerpos. En la diligencia también participaron funcionarios del Ministerio de Justicia y Fiscalía. La Dinased tomó el caso en marzo de 2014 y se realizaron más de 50 acciones investigativas.

Carlos Alulema, titular de la Dinased, dijo que “se tenía indicios y se asumió la posibilidad de que sus vidas fueron cegadas, por ello orientamos las diligencias para buscar restos”.

Indicó que se efectuarán las pericias correspondientes para verificar la identidad de los cadáveres, además el lugar se convirtió en una escena del delito.

Hasta el 13 de mayo de 2015, la Dinased ha registrado 1.765 desapariciones, de las cuales 1.524 fueron resueltas, y 241 aún están en investigación.

Tipificación en el COIP

Las familias que no saben dónde se encuentran sus familiares promueven la tipificación de la desaparición involuntaria como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ese es uno de los principales pedidos del colectivo Desendor, que agrupa a familiares de desaparecidos. Ellos consideran que esa tipificación es necesaria para que los casos no queden en la impunidad, cuando son judicializados.

Ayer al mediodía entregaron la solicitud formal a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para que lo tome en consideración.

María de Lourdes Mejía, presidenta de Desendor, afirmó que en este tiempo ha contado con el apoyo de las autoridades. Sin embargo, Desendor motiva esta tipificación en el COIP, para que los casos judicializados tengan un culpable que sea sancionado.

También sugieren que en el artículo 66, numeral 3, literal c), de la Constitución, se mencione a la desaparición involuntaria como un derecho de libertad más a proteger por el Estado.

Carlos Sisalema, vicepresidente de Desendor, considera que es necesaria la tipificación de este delito. Él busca a su hijo Alex Sisalema Ontaneda, que desapareció el 12 de enero de 2014. (I)

Contenido publicado originalmente en:

El Télegrafo

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