La efectividad de la Dinased no ha devuelto a nuestros seres queridos

Quito, 23 de agosto de 2015.

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Nosotras y nosotros familiares de personas desaparecidas denunciamos que las afirmaciones realizadas por el Coronel Carlos Alulema, titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones Extorsión y Secuestros (Dinased), el 20 de agosto de 2015, en diario El Comercio, carecen de fundamento, lesionan nuestro buen nombre y buscan legitimar la falta probada de eficacia y eficiencia de la Dinased en la resolución de varios casos de personas desaparecidas.

A respecto de estas declaraciones: 

1.      Es una vergüenza que el titular de esa cartera ante la falta de especialización y capacitación para encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos se escude diciendo que nuestro derecho legítimo  de exigencia de verdad y justicia sea movido por un interés electoral.   

Exigimos al coronel Alulema identificar con nombres y apellidos a familiares que persiguen fines electorales; el partido y/o partidos a los que pertenecen y demostrar con los documentos y/o pruebas de rigor sus aseveraciones, caso contrario los familiares esperamos las disculpas y rectificación respectiva.

Insistimos en denunciar que algunos agentes de Dinased carecen de especialización, que muchos casos se resuelven porque las personas retornan de manera voluntaria a su hogar o porque son otros ciudadanos los que en medio de sus actividades cotidianas encuentran un cadáver y lo reportan a la Policía. Sería necesario que el Coronel Carlos Alulema sea objetivo a la hora de explicar sus estadísticas.

Sin embargo, lo preocupante no son las cifras. Para el Coronel Alulema es posible que la lucha y crítica legítima y honesta que hacemos los y las familiares de personas desaparecidas resulte “tergiversada y poco objetiva” debería entonces el Coronel Alulema responder porque en el 95% de efectividad de la Dinased no están:  Angie Marianella Carrillo Labanda desparecida hace 572 días; Santiago David Romo Córdova desaparecido hace 844; Luis Alfredo Velásquez Cevallos desapareció hace 1083 días; Juliana Elizabeth Campoverde Rodríguez desaparecida hace 1140 días; Stephany Carolina Garzón Ardila 1212 días desaparecida; Camilo Tobar Abril desaparecido hace 1221 días; Telmo Orlando Pacheco Aguilar 1389 días desaparecido, Leonor María Ramírez desaparecida hace 1577 días,  Giovanna Paulina Pérez Constante desaparecida hace 1717 días, Luis Daniel Sigcho Ñacato desapareció hace 2513 días, Adrián Alexander Romo Basantes desaparecida hace 20 años, 9 meses, 17 días; Gustavo Garzón Guzmán desaparecid0 hace  24 años, 9 meses y 13 días  y así centenares de personas se encuentran desaparecidas.

También debe indicarnos porque algunos de sus agentes se niegan a dar información a los familiares sobre el supuesto avance de las investigaciones y el hallazgo de pistas importantísimas para su resolución.

Para nosotros lo que es objetivo y libre de cualquier tergiversación es que ¡NUESTROS HIJOS, NUESTRAS HIJAS, HERMANAS, PRIMAS, AMIGAS…NUESTRO PADRE O MADRE,  NUESTROS FAMILIARES NO ESTÁN!

2.      Rechazamos el argumento de que los fiscales que asumen los casos de desapariciones salieron de sus cargos por  “presión” y porque no quieren “ser maltratados” por los familiares.

La fiscal Laura Machuca Arroba salió de la Unidad de Personas Desaparecidas, en abril del 2015, por motivos de salud, según reportes médicos de la Fiscalía General del Estado y aseveraciones del fiscal  Fidel Jaramillo de la Comisión de la Verdad. El Fiscal Pablo Jaramillo se trasladó a Loja por haber ganado un concurso de merecimientos para esa localidad. Estas han sido las explicaciones que hemos recibido de parte de los mencionados funcionarios y de sus superiores.

Es necesario considerar que cuando un ciudadano postula para un cargo público conoce previamente el perfil y las exigencias del mismo. Esto se aplica a policías y fiscales.

No obstante los familiares si podemos denunciar que algunos policías y fiscales no responden de manera oportuna y motivada a nuestras peticiones. No mantienen canales de diálogo y coordinación con nosotros, no nos entregan información cierta y oportuna sobre las investigaciones. Además generan expectativas falsas o distorsionadas sobre hechos, que según dicen son, “relevantes” y no conocen del trato que debería darse a las víctimas en todas las fases del proceso penal.  
 

Todo lo anterior ha sido reiteradamente denunciado por nosotros a diversos funcionarios y entidades, entre ellos al Coronel Alulema, de quien no hemos recibido respuesta alguna. 

3.      Cuando nos referimos a la “indolencia en los investigadores” y trato cruel e inhumano nos referimos de manera concreta a la respuesta de agentes de la Dinased y fiscales cuando por más de diez meses en un mismo caso repiten una y otra vez: “Estamos a un paso de resolver el caso” “Hay avances importantísimos en el caso pero no pueden ser revelados a los familiares por la reserva en la investigación” o cuando descalifican a los desaparecidos por su orientación sexual,  por su probable vinculación con las drogas  o cuando descalifican a los familiares de los desaparecidos por como vestimos, como lloramos: mucho o  poco, por la condición socio económica que tenemos o por luchar y exigir justicia para encontrar  a nuestros desaparecidos. 

4.      Respecto a la reserva en la investigación esta no se aplica para los familiares. En el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, 78 de la Constitución de la República del Ecuador, Preámbulo y artículo 24.2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en los estándares internacionales se consagra el derecho a la verdad y a la  reparación; porque a medida que nosotros como familiares vamos conociendo lo que pasó con nuestros seres queridos vamos haciendo una idea de dónde está mi familiar o de lo que pudo haber ocurrido con ellas y ellos.  Vamos  elaborando la pérdida y elaborando el duelo.  

El familiar tiene que ser  un sujeto activo en la búsqueda de esa verdad de manera paralela con el Estado, es decir, la víctima no es un actor pasivo en espera de que algún día le digan algo, es un sujeto activo que en coordinación con el Estado busca la verdad. Lo que supondría que Dinased y Fiscalía deberían estar especializados para que este proceso se efectivice.

Nuestro obligación como familiares de personas desaparecidas, usuarias del sistema de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos es exigir que las instituciones del Estado que tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de los nuestros, cumplan con sus obligaciones constitucionales, apliquen los estándares más altos en el desarrollo de sus funciones y muestren resultados concretos a nosotros, a la sociedad en general, para que estos atroces hechos que hoy vivimos se juzguen y no se repitan. 

Seguiremos denunciando ante quien corresponda cada vez que nuestros derechos se vulneren, que los discursos de efectividad no se sustentan en hechos concretos, que nuestros hijos y nuestras hijas siguen desaparecidas y alejadas de sus hogares.