Un adivino le dijo que su hijo de
22 años murió en la travesía a EE.UU. y que no lo buscara más. Otro le indicó
que fue secuestrado por la guerrilla. Pero para Carmelina Veletanga, Wilson
Jarama está vivo. La mujer tiene 53 años y busca a su hijo desde julio del
2012, cuando salió de Cuenca. Su rastro se perdió en México y no hay pistas de
lo que ocurrió con él.
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Teresa Lojano, madre de Mario
Lojano, no pierde la esperanza de hallar a su hijo con vida. En su casa de
adobe tiene un altar en el que reza a diario por él. Foto: Xavier Caivinagua/
EL COMERCIO
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Jarama permanece en la lista de
96 ecuatorianos de Azuay, Cañar y Morona Santiago reportados como desaparecidos
en la organización 1-800 Migrantes. Desde el 2005, otras 105 denuncias también
han ingresado a la Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De este último grupo han sido
resueltos 67, pues fueron encontrados en tránsito hacia EE.UU., muertos o
detenidos en Centroamérica. De allí que la búsqueda es otro drama al que se
enfrentan las familias.
La madre de Wilson, por ejemplo,
viajó cinco veces a Cañar. Sin direcciones ni nombres, intentó hablar con los
parientes de los ecuatorianos que migraron con su hijo. Llegó a Quito para
buscar al coyote; pagó 10 misas en la Catedral de Cuenca, pero nada dio
resultado.
A los dos meses de que Wilson desapareciera,
unos desconocidos llamaron a sus hermanas que residen en EE.UU. y le comunicaron
que él estaba detenido. Depositaron USD 8 500 por su libertad, pero luego
descubrieron que la cuenta era de un banco de Los Ángeles.
Más tarde, ellas contrataron a
detectives para que lo buscaran en Reynosa (Tamaulipas-México), el último punto
desde donde Wilson se reportó con sus hermanas, por teléfono.
Seis meses después, la madre
denunció la desaparición en la Fiscalía, en 1-800 Migrantes y en otras
instituciones. Ramiro Hidalgo, coordinador zonal de la Cancillería, dice que
esa denuncia fue tardía y dificultó la búsqueda de Jarama.
Por lo general, las familias
piden ayuda luego de cuatro meses del último contacto, porque creen que avanzan
en la odisea. La denuncia tardía también ocurrió con los casos de Segundo
Calle, Jorge Jara, Alberto Buñay, Pablo Vélez, Jackeline Punín, Gladys Saguay…
En un estante de la oficina de
1-800 Migrantes reposan las carpetas con los documentos de estas personas. Se
abren cada vez que encuentran cadáveres en las fronteras y que tienen sospechas
de que son de ecuatorianos. Andrea Ledesma, asesora jurídica de esta
organización, conoce que si las muertes se producen entre julio y septiembre,
las altas temperaturas descomponen los cuerpos y los animales terminan por
destruir todo. Eso dificulta la posibilidad de identificar algún detalle, como
tatuajes o cicatrices.
La cuencana Rosa Pintado, de 25
años, quiere encontrar vivo o muerto a su esposo Mario Lojano, de 24. Hace
cinco meses no tiene noticias y el último contacto fue desde México, en julio
pasado, cuando la llamó.
Ella recuerda que habló rápido.
Dijo que al día siguiente saldría hacia la frontera, que estaba bien, que
cuidara a los cuatro hijos y que rezaran por él. A Pintado el coyote le dijo
que su esposo estaba preso.
Por eso, una hermana de Mario que
vive en EE.UU. depositó USD 3 800, a una cuenta de Los Ángeles, para que lo
soltaran, pero el joven no apareció.
En EE.UU., amigos de la familia
viajan los fines de semana para buscarlo en morgues, prisiones y hospitales de
la frontera. Por las investigaciones hechas en México y EE.UU., se conoce que
en las morgues de la frontera los cuerpos encontrados quedan menos de una
semana en refrigeración. Si nadie los identifica, los entierran en fosas
comunes.
Hace tres semanas, Relaciones
Exteriores localizó el cadáver del cuencano Javier Guanoluiza. Él desapareció
en julio del 2009, cuando tenía 25 años y fue hallado en una fosa común en
Guatemala, tras la búsqueda de archivos de cuerpos de migrantes no
identificados.
Desde el 2009, 185 migrantes de
Azuay, Cañar y Morona Santiago han fallecido en el intento por llegar a suelo
norteamericano. Sus cuerpos han sido repatriados por Cancillería.
Según Ramiro Hidalgo, coordinador
zonal de ese organismo, los casos de desaparecidos se mantienen abiertos hasta
que se resuelvan o la familia decida declarar su muerte para cumplir algún
trámite legal.
“Yo también vivo aturdida por la
desaparición de mi hijo, Segundo Calle”, susurra María Narváez, de 80 años.
Ella lo despidió en julio del 2012 y su última llamada fue en agosto, cuando
iba a cruzar el río Bravo, en la frontera de México.
A ella, unos vecinos le contaron
que es un río grande, caudaloso y que los migrantes son obligados a lanzarse a
sus aguas para cruzar la frontera o para no ser detenidos por Migración. Muchos
no soportan el caudal y mueren ahogados.
La cuencana Nelly Ayabaca perdió
a su sobrino José Tacuri en Nogales (México) en junio del 2013. ¿Cuántos años
tendría hoy? 17, responde.
El menor emigró con la intención de reunirse
con sus padres en Estados Unidos. Desde su desaparición, Ayabaca llama una vez
por mes a la Embajada de México. “Ellos buscan en sus reportes y siempre me
dicen que no hay personas encontradas con esas características”. En EE.UU.,
cada tres meses los padres de Tacuri pagan a personas para que rastreen en la
frontera. Son conocidos o personas que trabajan en eso.
Todas las familias, tanto en
EE.UU. como en Ecuador, mantienen la ilusión de ver otra vez a sus seres
queridos. En contexto El 4 de febrero, el Tribunal Segundo de lo Penal del
Cañar sentenció a 16 años de prisión a dos procesados por el traslado ilegal de
la niña Noemí A., fallecida en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos
para reunirse con su familia.
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