22 de septiembre de 2014

Parientes de desaparecidos piden no donar cuerpos

La Ley determina que cadáveres identificados que nadie reclame en plazo de 30 días se entregarán a las universidades.


Marcha por las personas desaparecidas. Foto: El Telégrafo.

Redacción Justicia

Nancy Ramírez estaba en su casa, en Machala, El Oro, cuando recibió una llamada de un oficial de la Policía, quien le dijo que debía acudir a las oficinas de la Fiscalía en Quito, enseguida se le vino a la mente la imagen de su hermano desaparecido desde enero de 2011. “No me adelantó nada, pero sabía que era por lo de Cristian”, comentó acongojada.
El viernes llegó temprano a la capital y contactó al uniformado, quien la llevó hasta las instalaciones de Criminalística, donde le mostraron varias fotografías de su familiar. “Lamentablemente era mi hermano y me confirmaron que había ingresado a la morgue en septiembre de 2011, después de que hallaron su cuerpo en un parque de Quitumbe, en el sur de Quito, con una herida a la altura del pulmón, lo que le causó la muerte”, relató.
Cristian era casado y constantemente viajaba con su esposa a Quito, ya que se dedicaban al comercio de mercaderías variadas, pero la última vez que lo vieron decidió quedarse una semana más, mientras que la esposa regresó porque debía cuidar a sus 2 hijos.
Como no volvió a comunicarse con la familia, a principios de 2012 pusieron la denuncia, por eso vinieron a la capital para buscarlo en la morgue, pero nunca les dieron razón a pesar de que el cadáver estaba en  el sitio. 
“Ahora me entregaron en una funda cenizas, porque me dicen que el cuerpo había sido donado. Esto es una falta de respeto, ni siquiera puedo saber si en realidad son de mi hermano”, dijo Nancy enojada.
María de Lourdes Mejía, representante de Desendor, agrupación que aglutina a familiares de desaparecidos, indicó que se debería parar con la donación de cadáveres. “Últimamente se han encontrado desaparecidos que estaban en la morgue, por lo que la entrega de cuerpos a las universidades debería detenerse. Como familiares no queremos cenizas, sino el cuerpo para  darles cristiana sepultura”, agregó.
El artículo 89 de la Ley Orgánica de Salud señala que “los cadáveres no identificados o que no fueren reclamados en el plazo de 30 días posteriores a su fallecimiento, se entregarán a título de donación a las facultades de Ciencias Médicas o de la salud legalmente establecidas dando preferencia a las estatales  o se inhumarán de conformidad con las disposiciones pertinentes”.
La misma ley también establece que se deberán extraer muestras que permitan la obtención del perfil genético y esa información se registrará en un banco de datos de cadáveres no identificados.
Sin embargo, la directora nacional de Medicina Legal de la Fiscalía, Ibis  Orejuela en declaraciones anteriores reconoció que en las morgues del país se trabajaba de forma empírica en el caso del manejo de cadáveres NN. “Estamos creando una red de información con todas las morgues, hospitales, Registro Civil para tener protocolos de identificación, la Fiscalía General del Estado será el órgano rector  de todo el sistema en el país.
La funcionaria explicó que también elaboran un nuevo reglamento para evitar que en el manejo de los cuerpos se pierdan evidencias en la investigación pericial de la Policía y Fiscalía. “El reglamento regulará la actuación de los involucrados en la investigación de un crimen o manejo de cadáveres al momento de realizar los levantamientos y autopsias, de tal manera que podamos superar las deficiencias que al momento se presentan”, manifestó.
A los centros forenses ingresan entre 3 y 4 cadáveres diarios a las autopsias, “tenemos en cada sitio 3 legistas y 3 directores que trabajan todos los días las 24 horas, actualmente contamos con 60 forenses, pero tendríamos que tener 200 a nivel nacional y por lo menos un departamento Médico Legal en cada cantón”, señaló la profesional.
El pasado 16 de julio, la Fiscalía localizó los cadáveres de Boris Llumitaxi y Jackson Díaz Aisaga, reportados como desaparecidos por sus familiares en 2014 y 2013, respectivamente.
Dentro de las investigaciones, el fiscal del caso, Pablo Jaramillo, solicitó al personal de la morgue de la Policía, en Quito, revisar en sus archivos el ingreso de cuerpos con características de los 2 ciudadanos.
El resultado del cotejamiento de las huellas necrodactilares de los cadáveres que estuvieron en la morgue con el del banco de huellas dactilares, proporcionadas por el Registro Civil, confirmaron las identidades. “La medicina legal  está modernizándose y necesita estar al día con la tecnología, porque la ciencia  mejora las técnicas en este ámbito constantemente”, destacó Orejuela.

Contenido publicado originalmente en:
El Telégrafo
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