BOLETÍN
DE PRENSA
Sobre
la reunión sostenida entre algunos y algunas familiares de personas
desaparecidas, el Presidente Rafael Correa y algunos de sus ministros/as el
pasado 30 de Junio de 2016 y ante las declaraciones emitidas por el presidente
Rafael Correa en su Enlace Ciudadano 483
desde San Vicente, provincia de Manabí el sábado 9 de julio del
2016 sobre las personas desaparecidas en Ecuador exponemos lo siguiente:
REITERAMOS que a la
fecha en Ecuador, sobre la gravísima problemática de personas desaparecidas en
Ecuador persiste:
- La ausencia de
Bases de Datos unificadas sobre la atención de personas NN tanto en morgues,
hospitales como centros de refugios.
- Falta de acciones de investigación idóneas, especializadas,
efectivas y eficaces por parte unidades fiscales y policiales.
- Falta de adecuación
del marco jurídico interno de la desaparición NO forzada de personas. La tipificación de la desaparición NO
forzada no ha sido incorporada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); la
desaparición NO forzada sigue siendo un acto administrativo y no un delito.
Ecuador ratificó la
convención
internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas de Naciones Unidas - CIPPDF el 20 de
octubre de 2009; en el artículo 3 de este instrumento se determina que los
estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las
conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de
personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado,
y para procesar a los responsables. Esta
disposición obliga a los estados que a
“que incluyan como sujeto activo del delito no sólo a los agentes del estado,
sino también a las personas o grupos de personas que actúan sin la
autorización, el apoyo o la aquiescencia de los mismos; a investigar y
tipificar como delito en su legislación nacional la conducta prohibida en el
artículo 2 cuando la cometen tales personas”.[1]
- Demora
injustificada en las diligencias solicitadas a terceros países a través de
asistencia internacional retardando en años la ejecución de pericias
emergentes.
- La unidad de
actuaciones administrativas de investigación de personas desaparecidas de Fiscalía
solo se ha instalado en Pichincha generando trato discriminatorio para el resto
de habitantes del país.
Sobre
las declaraciones emitidas por el presidente Rafael Correa en su Enlace
Ciudadano 483 desde San Vicente,
provincia de Manabí el sábado 9 de julio del 2016 INFORMAMOS:
PRIMERO,
señor Presidente en el enlace ciudadano [1] se refirió que “las
garras de la politiquería entraron en esta tragedia de los desaparecidos y se
ha creado por ahí una Asociación que vive haciendo bulla los miércoles” ante
esto exponemos que: todas las personas tenemos el derecho a pertenecer a una asociación u
organización de forma libre; este derecho es reconocido por la Constitución en
el Art. 66 y es reconocido por diferentes instrumentos internacionales de
derechos humanos. El deber del Estado es la promoción y protección de las
asociaciones cuando sus objetivos y pretensiones son legítimas.
Quienes participamos de marchas o plantones lo hacemos de manera voluntaria
y con la firme convicción de que visibilizar a nuestros familiares es una
alternativa válida para ayudar a encontrarlos; que nuestra lucha es legítima y
nace del amor por encontrar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, los
funcionarios públicos y demás personas que tachan nuestra lucha de politiquera
y partidista vulneran nuestros derechos.
Además los plantones y
marchas han permitido que usted Sr. Presidente, sus Ministros y la sociedad, a
nivel nacional e internacional conozcan que en el Ecuador existen centenares de
personas desparecidas. Por ello, ratificamos nuestro derecho a organizarnos en
la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-
Asfadec; así mismo ratificamos los objetivos, misión y visión que de manera
legítima persigue y defiende esta Asociación.
Estamos plenamente
convencidos que la unidad, el trabajo en equipo y la búsqueda colectiva de
nuestros familiares desaparecidos es un recurso idóneo y adecuado para encontrar a nuestros seres
queridos desaparecidos en el país, ya
que pese algunas medidas adoptadas por el Estado, estas aún se muestran
insuficientes. Nuestros hijos, hijas, madres, padres, hermanos, amigas… siguen
desaparecidos.
Ratificamos nuestro
derecho a organizarnos en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas
Desaparecidas en Ecuador, Asfadec; así como ratificamos los objetivos, misión y
visión que de manera legítima perseguimos y defendemos. Estamos plenamente
convencidos que la unidad, el trabajo en equipo, y la búsqueda colectiva por
nuestros familiares desaparecidos es un recurso idóneo y adecuado para
encontrar a nuestros seres queridos que no regresaron a casa, puesto que
algunas medidas adoptadas por el Estado, aún se muestran insuficientes.
Nuestra
lucha por encontrar a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres,
madres, amigas y amigos que fueron desaparecidas/os es legítima y NO
DESCANSAREMOS HASTA ENCONTRARLOS; hasta saber qué pasó con ellos, dónde
están, hasta conocer la VERDAD y que se haga JUSTICIA.
SEGUNDO, valoramos el intento que el Gobierno realiza para adoptar
acciones que nos permitan encontrar a nuestros familiares. No obstante, señalamos que:
1.- La creación de la
Unidad Especializada en Investigación en Desapariciones y la Dirección
Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros (Dinased) todavía no cuentan con los elementos
necesarios para enfrentar esta problemática. Pues pese a la capacitación
a los agente de la Dinased en temas de desaparición uno, dos o tres meses no
son suficientes para adquirir una experticia sobre el fenómeno. Tampoco la
Policía, cumple con la aplicación de los protocolos de búsqueda de personas
desaparecidas que aún están dispersos en las diferentes entidades
justicia. Por ejemplo, el Art. 11 del ‘Protocolo de actuación para la
búsqueda, investigación y localización de las personas desaparecidas,
extraviadas o perdidas’ del Consejo de la Judicatura que establece que cuando una
persona desaparece, la Policía Nacional debe dar alertas y coordinar con
las instituciones públicas y privadas en el área de salud, morgue, terminales,
aeropuertos, alertas en redes sociales, entidades financieras, medios de
comunicación…para agilitar las búsqueda. Sin embargo, esto no sucede pues no
hay una base de datos que cruce toda esta información.
2.- En su Enlace
Ciudadano número 352 realizado en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, el
sábado 14 de diciembre de 2013, donde dijo “la
Fiscalía crearan unidades especializadas para dar un seguimiento puntual a las
denuncias y procesos de los desaparecidos, con la diferencia de que ya no habrá
rotación de fiscales además la no rotación de fiscales también fue compromiso del
fiscal general del Estado, Galo Chiriboga pero sin embargo hasta ahora
continúan rotando fiscales, consideramos que la rotación de los fiscales afecta
nuestro derecho a la verdad y justicia.
3.-El
apoyo psicológico, social y asistencia legal es otro de los acuerdos dados
con el presidente Correa en la cita del 11 de diciembre de 2013.
Sin embargo, las autoridades buscan cumplir este, en algunos casos, cuando los
familiares están próximos a reunirse con el presidente Correa. (La tercera
reunión con el Presidente se realizó tres meses después de lo
establecido). Pero aun así los acuerdos no se cumplen, ya que solo quedan en
llamadas del Ministerio de Salud y de Inclusión Social para citas que no
se concretan. Algo similar pasa con los abogados que
proporciona el Ministerio de Justicia a los familiares, ya que hasta el momento
y pese a las diversas solicitudes, el Ministerio no ha entregado a los
familiares un informe escrito sobre el desempeño y/o recomendaciones que puedan
realizar estos funcionarios asignados a cada caso.
4.- Respecto a LA BASE DE DATOS. Hasta
el día de hoy no se ha concretado la realización de una BASE DE DATOS
interinstitucional que dé cuenta de la información de personas, no
identificadas (NN) que sean atendidas por instituciones públicas y/o privadas
de salud, albergues, hogares de paso, centros de desintoxicación, etcétera.
Tampoco existe una base de datos única de personas NN que hayan sido enterradas
en diversos cementerios del país de áreas urbanas y/o rurales. Además de
respuestas si existe aún cementerios que conserven estas prácticas de sepultura
sin la debida identificación y registro.
TERCERO,
tras la falta de adecuación del marco jurídico interno: el 11 de diciembre de
2013, en la reunión presidencial el presidente Rafael Correa informó que la
tipificación de la desaparición involuntaria sería incluida en Código Orgánico
Integral Penal (COIP) que en ese momento se encontraba en debate en la Asamblea
Nacional. Sin embargo, 3 años después vemos que la desaparición involuntaria
sigue siendo un acto administrativo y no un delito.
CUARTO, tomamos las palabras
del Primer Mandatario: “El estado como garante de derechos es siempre
responsable de la seguridad de la ciudadanía, pero no es el responsable
directo de la desaparición”[3]
por lo que nos preguntamos por qué el Estado Ecuatoriano no ha implementan
políticas públicas de prevención no ha realizado campañas de sensibilización y
concienciación ante el problema de la desaparición.
QUINTO,
Exigimos al Ministro del Interior, José Serrano
identificar con nombres y apellidos a familiares que persiguen fines
electorales; el partido y/o partidos a los que pertenecen y demostrar con los
documentos y/o pruebas de rigor sus aseveraciones, caso contrario los
familiares esperamos las disculpas y rectificación respectiva.
Nuestro obligación como familiares
de personas desaparecidas, usuarias del sistema de justicia y defensoras y
defensores de derechos humanos es exigir que las instituciones del Estado que
tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la
desaparición de los nuestros, cumplan con sus obligaciones constitucionales,
apliquen los estándares más altos en el desarrollo de sus funciones y muestren
resultados concretos a nosotros, a la sociedad en general, para que estos
atroces hechos que hoy vivimos se juzguen y no se repitan.
Seguiremos denunciando ante quien
corresponda cada vez que nuestros derechos se vulneren, que los discursos de
efectividad no se sustentan en hechos concretos, que nuestros hijos y nuestras
hijas siguen desaparecidas y alejadas de sus hogares.
Finalmente, queremos recalcar que
nuestra lucha por encontrar a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas,
padres, madres, amigas y amigos que fueron desaparecidas/os es legítima y que
no descansaremos hasta encontrarlos; hasta saber qué pasó con ellos, dónde
están, hasta conocer la VERDAD y que se haga JUSTICIA.
Quito, 18 de Julio de 2016
Economista
Rafael
Correa
Presidente
de la República del Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas
Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, da su cordial saludo.
Los que conformamos la Asociación de Familiares y Amigos de
Personas Desparecidas en Ecuador nos dirigimos a usted para dar a conocer
nuestro parecer sobre la reunión sostenida entre algunos y algunas familiares
de personas desaparecidas, el Presidente Rafael Correa y algunos de sus
ministros/as el pasado 30 de Junio de 2016 y ante las declaraciones emitidas
por el presidente Rafael Correa en su Enlace Ciudadano 483 desde San Vicente,
provincia de Manabí el sábado 9 de julio del 2016 sobre las personas
desaparecidas en Ecuador exponemos lo siguiente:
REITERAMOS que a la fecha en Ecuador, sobre
la gravísima problemática de personas desaparecidas en Ecuador persiste:
·
La ausencia de Bases de Datos
unificadas sobre la atención de personas NN tanto en morgues, hospitales como
centros de refugios.
·
Falta de acciones de investigación idóneas,
especializadas, efectivas y eficaces por parte unidades fiscales y policiales.
·
Falta de adecuación del marco jurídico
interno de la desaparición NO forzada de personas. La tipificación de la desaparición NO
forzada no ha sido incorporada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); la
desaparición NO forzada sigue siendo un acto administrativo y no un delito.
Ecuador ratificó la convención internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas - CIPPDF
el 20 de octubre de 2009; en el artículo 3 de este instrumento se determina que
los estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las
conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de
personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado,
y para procesar a los responsables. Esta
disposición obliga a los estados que a
“que incluyan como sujeto activo del delito no sólo a los agentes del estado,
sino también a las personas o grupos de personas que actúan sin la
autorización, el apoyo o la aquiescencia de los mismos; a investigar y
tipificar como delito en su legislación nacional la conducta prohibida en el
artículo 2 cuando la cometen tales personas”.[2]
·
Demora injustificada en las
diligencias solicitadas a terceros países a través de asistencia
internacional retardando en años la ejecución de pericias emergentes.
·
La unidad de actuaciones
administrativas de investigación de personas desaparecidas de Fiscalía solo se
ha instalado en Pichincha generando trato discriminatorio para el resto de
habitantes del país.
Sobre las
declaraciones emitidas por el presidente Rafael Correa en su Enlace Ciudadano 483 desde San Vicente, provincia de
Manabí el sábado 9 de julio del 2016 INFORMAMOS:
PRIMERO,
señor Presidente en el enlace ciudadano [1]
se refirió que “las garras de la politiquería entraron en esta tragedia de los
desaparecidos y se ha creado por ahí una Asociación que vive haciendo bulla los
miércoles” ante esto exponemos que: todas las personas tenemos el derecho a
pertenecer a una asociación u organización de forma libre; este derecho es
reconocido por la Constitución en el Art. 66 y es reconocido por diferentes
instrumentos internacionales de derechos humanos. El deber del Estado es la
promoción y protección de las asociaciones cuando sus objetivos y pretensiones
son legítimas.
Quienes participamos
de marchas o plantones lo hacemos de manera voluntaria y con la firme
convicción de que visibilizar a nuestros familiares es una alternativa válida
para ayudar a encontrarlos; que nuestra lucha es legítima y nace del amor por
encontrar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, los funcionarios públicos y
demás personas que tachan nuestra lucha de politiquera y partidista vulneran
nuestros derechos.
Además los plantones y marchas han permitido
que usted Sr. Presidente, sus Ministros y la sociedad, a nivel nacional e
internacional conozcan que en el Ecuador existen centenares de personas
desparecidas. Por ello, ratificamos nuestro derecho a organizarnos en la
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-
Asfadec; así mismo ratificamos los objetivos, misión y visión que de manera
legítima persigue y defiende esta Asociación.
Estamos plenamente convencidos que la
unidad, el trabajo en equipo y la búsqueda colectiva de nuestros familiares
desaparecidos es un recurso idóneo y adecuado para encontrar a nuestros seres
queridos desaparecidos en el país, ya
que pese algunas medidas adoptadas por el Estado, estas aún se muestran
insuficientes. Nuestros hijos, hijas, madres, padres, hermanos, amigas… siguen
desaparecidos.
Ratificamos nuestro derecho a organizarnos en la
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, Asfadec;
así como ratificamos los objetivos, misión y visión que de manera legítima
perseguimos y defendemos. Estamos plenamente convencidos que la unidad, el
trabajo en equipo, y la búsqueda colectiva por nuestros familiares
desaparecidos es un recurso idóneo y adecuado para encontrar a nuestros seres
queridos que no regresaron a casa, puesto que algunas medidas adoptadas por el
Estado, aún se muestran insuficientes.
Nuestra lucha por encontrar a nuestros
hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, amigas y amigos que fueron
desaparecidas/os es legítima y NO DESCANSAREMOS HASTA ENCONTRARLOS;
hasta saber qué pasó con ellos, dónde están, hasta conocer la VERDAD y que se
haga JUSTICIA.
SEGUNDO,
valoramos el intento que el Gobierno realiza para adoptar acciones que nos
permitan encontrar a nuestros familiares. No obstante, señalamos que:
1.- La creación de la Unidad Especializada
en Investigación en Desapariciones y la Dirección Nacional de Delitos
contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros
(Dinased) todavía no cuentan con los elementos necesarios para enfrentar esta
problemática. Pues pese a la capacitación a los agente de la Dinased en
temas de desaparición uno, dos o tres meses no son suficientes para adquirir
una experticia sobre el fenómeno. Tampoco la Policía, cumple con la aplicación
de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que aún están dispersos
en las diferentes entidades justicia. Por ejemplo, el Art. 11 del
‘Protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de las
personas desaparecidas, extraviadas o perdidas’ del
Consejo de la Judicatura que establece que cuando una persona desaparece, la
Policía Nacional debe dar alertas y coordinar con las instituciones
públicas y privadas en el área de salud, morgue, terminales, aeropuertos,
alertas en redes sociales, entidades financieras, medios de comunicación…para
agilitar las búsqueda. Sin embargo, esto no sucede pues no hay una base de
datos que cruce toda esta información.
2.- En su Enlace Ciudadano número 352
realizado en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, el sábado 14 de
diciembre de 2013, donde dijo “la
Fiscalía crearan unidades especializadas para dar un seguimiento puntual a las
denuncias y procesos de los desaparecidos, con la diferencia de que ya no habrá
rotación de fiscales además la no rotación de fiscales también fue compromiso del
fiscal general del Estado, Galo Chiriboga pero sin embargo hasta ahora
continúan rotando fiscales, consideramos que la rotación de los fiscales afecta
nuestro derecho a la verdad y justicia.
3.-El
apoyo psicológico, social y asistencia legal es otro de los acuerdos dados
con el presidente Correa en la cita del 11 de diciembre de 2013.
Sin embargo, las autoridades buscan cumplir este, en algunos casos, cuando los
familiares están próximos a reunirse con el presidente Correa. (La tercera
reunión con el Presidente se realizó tres meses después de lo
establecido). Pero aun así los acuerdos no se cumplen, ya que solo quedan en
llamadas del Ministerio de Salud y de Inclusión Social para citas que no
se concretan. Algo similar pasa con los abogados que
proporciona el Ministerio de Justicia a los familiares, ya que hasta el momento
y pese a las diversas solicitudes, el Ministerio no ha entregado a los
familiares un informe escrito sobre el desempeño y/o recomendaciones que puedan
realizar estos funcionarios asignados a cada caso.
4.-
Respecto
a LA BASE DE DATOS. Hasta el día de hoy no se ha concretado la realización de
una BASE DE DATOS interinstitucional que dé cuenta de la información de
personas, no identificadas (NN) que sean atendidas por instituciones públicas
y/o privadas de salud, albergues, hogares de paso, centros de desintoxicación,
etcétera. Tampoco existe una base de datos única de personas NN que hayan sido
enterradas en diversos cementerios del país de áreas urbanas y/o rurales.
Además de respuestas si existe aún cementerios que conserven estas prácticas de
sepultura sin la debida identificación y registro.
TERCERO,
tras la falta de adecuación del marco jurídico interno: el 11 de diciembre de
2013, en la reunión presidencial el presidente Rafael Correa informó que la
tipificación de la desaparición involuntaria sería incluida en Código Orgánico
Integral Penal (COIP) que en ese momento se encontraba en debate en la Asamblea
Nacional. Sin embargo, 3 años después vemos que la desaparición involuntaria
sigue siendo un acto administrativo y no un delito.
CUARTO, tomamos las palabras
del Primer Mandatario: “El estado como
garante de derechos es siempre responsable de la seguridad de la ciudadanía,
pero no es el responsable directo de la
desaparición”[3] por lo que nos
preguntamos por qué el Estado Ecuatoriano no ha implementan políticas públicas
de prevención no ha realizado campañas de sensibilización y concienciación ante
el problema de la desaparición.
QUINTO, Exigimos al Ministro del
Interior, José Serrano identificar con nombres y apellidos a familiares que
persiguen fines electorales; el partido y/o partidos a los que pertenecen y
demostrar con los documentos y/o pruebas de rigor sus aseveraciones, caso
contrario los familiares esperamos las disculpas y rectificación respectiva.
Nuestro obligación como familiares de personas
desaparecidas, usuarias del sistema de justicia y defensoras y defensores de
derechos humanos es exigir que las instituciones del Estado que tienen la
obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de
los nuestros, cumplan con sus obligaciones constitucionales, apliquen los
estándares más altos en el desarrollo de sus funciones y muestren resultados
concretos a nosotros, a la sociedad en general, para que estos atroces hechos
que hoy vivimos se juzguen y no se repitan.
Seguiremos denunciando ante quien corresponda cada vez
que nuestros derechos se vulneren, que los discursos de efectividad no se
sustentan en hechos concretos, que nuestros hijos y nuestras hijas siguen
desaparecidas y alejadas de sus hogares.
Finalmente, queremos recalcar que nuestra lucha por
encontrar a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, amigas y
amigos que fueron desaparecidas/os es legítima y que no descansaremos hasta
encontrarlos; hasta saber qué pasó con ellos, dónde están, hasta conocer la
VERDAD y que se haga JUSTICIA.
La notificaciones pueden ser
recibidas en la siguiente dirección electrónica desaparecidosen.ecuador@gmail.com y en mi
domicilio ubicado en la calle García Moreno N11-113 y Carchi,
sector la Basílica, Quito.
Cordialmente,
Telmo
Pacheco
Cedula
de ciudadanía Número 1700297680
Representante
legal - ASFADEC
Amnistía
Internacional, Secretario Internacional Peter Benenson House, No a la impunidad de las desapariciones
forzadas, Lista de requisitos para la implementación efectiva de la convención
internacional contra las desapariciones forzadas, (Reino Unido: Edit. Amnistía Internacional 2011), 9
Amnistía
Internacional, Secretario Internacional Peter Benenson House, No a la impunidad de las desapariciones
forzadas, Lista de requisitos para la implementación efectiva de la convención
internacional contra las desapariciones forzadas, (Reino Unido: Edit. Amnistía Internacional 2011), 9
