La distancia del discurso a la práctica en temas de desapariciones en Ecuador

Pleno de la Asamblea. Foro "Juntos hasta encontrarlos".Foto: Alex Ocaña

Si los fiscales y policías se encuentran capacitados para resolver casos de desapariciones, si las estadísticas están unificadas, si existe una base de datos unificada, si el sistema de recompensas 1800 delito funciona, si los funcionarios no son indolentes, si lo protocolos para la búsqueda de personas que no han regresado a casa están unificados y si las investigaciones fueran céleres y profesionales nuestros seres queridos estarían ahora en casa o en un lugar donde colocar una flor, no desaparecidas ni desaparecidos y la lista de personas alejadas de su hogar no iría creciendo día a día.

Decir que están trabajando, que las investigaciones avanzan, que no son 4402 los desparecidos, sino 1502 porque hicieron un trabajo quirúrgico para identificar esta nueva cifra es un insulto a la memoria de nuestros familiares desaparecidos y un acto indolente contra las decenas de familias que todos los días buscamos a nuestros hijos, hijas, madres, padres, hermanas, amigos…desaparecidos.

Nosotros como familiares de personas desaparecidas sí sabemos y conocemos a nuestros familiares desaparecidos, porque ellos son más que una estadística fría, son vidas que fueron truncadas. En las estadísticas presentadas por el delegado del ministerio Interior Tomás Guayasamín en el foro “Juntos hasta encontrarlos”, se dijo: “Con la Fiscalía hicimos la revisión de todas las denuncias que han sido levantadas, desde 1970 y encontramos que 37.000 casos se resolvieron, fueron localizadas las personas, lo que significa el 96%, y están en investigación 1.511 casos”, precisó, al tiempo de señalar que de los casos localizados, el 92% desapareció voluntariamente, el 6,2% sin voluntad y lastimosamente el 1,8% por razones de muerte. De acuerdo con los datos expuestos por Guayasamín, de los 1.511 casos en investigación se puede constatar que las provincias de Guayas y Pichincha son las principales donde se reportan estas denuncias, mientras que por grupo etario corresponden a niños el 25%, adultos el 46%, adultos mayores el 7%, y sin datos el 22%, estos últimos es porque la denuncia no arrojó la información necesaria. Por ejemplo, no dieron los nombres completos”.

Es decir, que de este 22% ni siquiera se sabe el nombre, entonces ¿cómo buscarlos, cómo registraron su desaparición, el personal estuvo capacitado al momento de receptar la denuncia?   En la estadísticas emitidas en julio de 2016, la Fiscalía General del Estado en su reporte informó que desconocía la edad de 180 personas desaparecidas, entonces nosotros nos preguntamos están buscando realmente a estas personas y si lo hacen cómo las buscan,  si no saben si es niño, un adulto, un joven o una persona de la tercera edad.

El jueves 13 de diciembre  de 2017, se realizó el foro sobre personas desaparecidas y la viceministra de Justicia Lucy Blacio; y la representante de la Defensoría Pública hablaron de la necesidad de unificar esfuerzos entre la Fiscalía y los entes gubernamentales para establecer acciones conjuntas, a fin de esclarecer las desapariciones. Este argumento, lo hemos escuchado decenas de veces y volver a escucharlos no nos  da aliento, más bien nos muestra que el camino quizá sigue en palabras y no en práctica.

Además, esta situación se empeora cuando nos revictimizan y buscan que iniciemos un proceso de duelo. Cómo lo hacemos, si vivimos en la incertidumbre de no saber dónde están, qué les pasó, si siguen con vida o ya no. El duelo no es posible mientras no los encontremos.

Es necesario investigar de forma diligente y adecuar el marco normativo para que se tipifique la  de la desaparición involuntaria en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) y así garantizar judialización de los casos. También, como hace cinco años, creemos que es necesario la capacitación de la fiscalía y policía; crear la base de datos NN y unificar protocolos de búsqueda.   

Telmo Pacheco, presidente de Asfadec 0987704869
Lidia Rueda, Asfadec 0995601228