5 de marzo de 2017

Joven desaparecida pudo ser víctima de un delito sexual, Fiscalía no formula cargos

Las últimas pericias y diligencias confirmarían la hipótesis de la familia Rodríguez Campoverde que desde hace 4 años y 8 meses busca a su hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Elizabeth Rodríguez en la Plaza Grande, en ka ciudad de Quito. 

Según Elizabeth Rodríguez, madre de la joven de 19 años, las últimas pericias solicitadas por la abogada de la familia concluyen que “es altamente probable que en el presunto asesinato de Juliana Lizbeth confluyan motivaciones de índole sexual y de odio por su condición de mujer y por haber escapado del control opresivo de la religión”.

Juliana junto a su familia, un mes y medio antes de la desaparición,  decidieron abandonar la iglesia evangélica a la que asistieron durante 10 años porque un Pastor intentó convencerla de su obligación de comprometerse en matrimonio con uno de los miembros de la comunidad religiosa. Estas sugerencias, la joven también las recibió en la red social Facebook cuando comenzó a chatear con ´Juan Solano´ (nombre ficticio) quien se presentó como consejero de jóvenes. “Él le dijo que tenía que casarse con un hermano de la congregación evangélica, porque Dios se lo había revelado”.  

Juliana no hizo caso a sus consejos y Solano le escribió una cita bíblica del libro de Proverbios 1:28  que dice: “Entonces me llamarán, y yo no responderé, me buscarán ansiosamente, y no me encontrarán”.

Para Rodríguez, al momento existen pruebas iniciarías suficientes para que el fiscal del caso Jorge Flores tome la determinación de acusar al responsable de la desaparición de su primogénita, sin embargo, hasta ahora no ha formulado los cargos, pese a que el funcionario público aseguró que lo iba hacer en este año.

“Tengo derecho a saber dónde está mi hija”[1]

 Empiezo este relato  con profunda tristeza. Son ya 4 años y 8 meses que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez y el Estado ecuatoriano no me ha dado respuestas ni resultados. Hemos tenido 5 reuniones con el presidente Rafael Correa  y las respuestas sobre mi caso siempre son las mismas: “Estamos a un paso de resolver el caso” “Hay avances importantísimos”  “Tenemos unas pericias importantes pero no pueden ser reveladas; pero la verdad es que el caso de mi hija Juliana sigue siendo una simple actuación administrativa”.[2]
Por  el caso de Juliana han pasado 11 fiscales  y ninguno ha podido dar una respuesta sobre dónde está. Es muy lamentable decir que en este proceso y al inicio de la investigación, la Fiscalía no generó acciones investigativas tendientes a establecer hipótesis o a encontrar a los responsables de la desaparición de Juliana.
Tampoco se evacuaron adecuadamente diligencias y pericias sobre números telefónicos, rutas y correos electrónicos que a la fecha son irrecuperables y que pudieron esclarecer los hechos de manera notable. Tampoco se realizó una adecuada recolección de testimonios a posibles sospechosos, parientes, amigos, personas que la conocían o residentes en el lugar de los hechos.  
La primera fiscal que conoció el caso  era de credo evangélico, razón por la cual descartó los pedidos que le hicimos para que se investigaran a los pastores de la Iglesia Cristiana Evangélica a la que asistía mi hija Juliana. Lo mismo ocurrió con uno de los investigadores de la Policía encargados del caso,  que también profesaba la religión evangélica.   Él llegó incluso a indicarme que hablaría con su pastor personal para ver si le recomendaba o no investigar a los pastores de la Iglesia a la que iba Juliana.
En el 2015, la fiscal Paola Solís decidió realizar diligencias de búsqueda en el puente 7 de la autopista Rumañahui, valle de Quito, lugar que no tenía nada que ver con la desaparición de mi hija,  argumentado que lo hacía sólo por hacer caso a los pedidos de mi abogada, pero que ella estaba segura de que mi hija no se encontraba allí.  
Durante este proceso, la investigación ha dependido fundamentalmente de la iniciativa procesal de la abogada de la familia que ha promovido que el actual fiscal del caso Jorge Flores realice varias pericias y diligencias lo que ha favorecido el desarrollo de algunas acciones investigativas, incluso una de las pericias solicitada concluye que: ‘Es altamente probable que en el presunto asesinato de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez confluyan motivaciones de índole sexual y de odio, por su condición de mujer , por haber escapado del control opresivo de una religión’, es decir, al momento existen pruebas iniciarías suficientes para que el fiscal tomé la determinación  de acusar al responsable de la desaparición de mi hija, sin embargo, no lo hace.  No cumple con su palabra, han pasado tres meses más  y  no formula cargos, es su obligación hacerlo. 
En diciembre de 2016, todas las pericias concluyeron y existen los elementos suficientes para que el caso de mi hija Juliana pase a una segunda etapa procesal. Por lo tanto, exijo al fiscal Jorge Flores que me dé una respuesta, que me diga la verdad y que se haga justicia porque tengo el derecho de saber qué pasó con mi adorada hija Juliana.





[1] Carta de Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde. Quito, 3 de marzo de 2017. 

[2] La Unidad de Actuaciones Administrativas es la encargada en base a los procesos determinados en el manual de aplicar y tramitar requerimientos de la ciudadanía, que pueden ser entre otros, vehículos detenidos, solicitud de revenido químico, muertes no delictivas, peritajes, medios de comunicación y varios servicios fiscales administrativo. Fiscalía General, “Manual de procesos”,  ‹http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/archivos/manualDAI.pdf  





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