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| Quito. Plantón por las personas desaparecidas. Foto: La Hora |
Los familiares
Para Elsa Palacios, familiar de uno de los desaparecidos, éste es un
pequeño paso que se ha logrado gracias a la insistencia de las personas
que viven esta situación, pero tampoco le deja satisfecha ya que el
objetivo es que se tipifique como delito.
Piensa que ese numeral está mal redactado y hecho al apuro, ya que, considera, se lo incluyó a último momento, luego de la declaración del presidente, Rafael Correa. Por eso tiene confianza en que se vete y se lo tipifique como delito. Si esto no ocurre, anunció que seguirán en la lucha en las diferentes instancias hasta lograr su propósito.
Mecanismo de presión
Alexandra Córdova, otra de las familiares de desaparecidos, añadió que
el momento en que se tipifique el delito se podrá presionar a las
autoridades para que resuelvan los casos. De todas maneras, dijo que el
que se haya incluido es un síntoma de que esta problemática se está
visibilizando, ya que hasta hace poco tiempo atrás se pensaba que eran
casos aislados y nadie les prestaba atención.
Tanto Córdova como Palacios consideran que la lucha por los desaparecidos involuntarios ha logrado que la sociedad reaccione y apoye a la adopción de medidas que permitan dar con el paradero de esas personas y que no se den más estos casos.
Texto se puede mejorar
Los asambleístas oficialistas reconocen que el texto se puede mejorar a
través del veto del Ejecutivo. Rosana Alvarado, primera
vicepresidencia, manifestó que “puede ser un tema en el que haya alguna
otra propuesta de redacción, ese es el tema sobre el cual el Gobierno ha
estado activo en estas últimas semanas”.
Su coidearia Marisol Peñafiel respalda esa propuesta, ya que no es tema de una sola familia sino que se convierte en un tema de política de Estado que debe ayudar a las víctimas “ya que no sabemos por qué desaparecen”.
El asambleísta Armando Aguilar asegura que la importancia de haber incluido en el procedimiento es el de evitar que los casos se cierren o se archiven, experiencia por la cual han debido pasar muchas de esas familias. El tema crítico, según él, sería incluirlo en el libro de las infracciones. “Se tipifica al momento en que asome el cuerpo del delito para poder establecer la responsabilidad penal sobre quienes provocaron la desaparición de esa persona”, dijo. (HCR)
Buscando respuestas
Los familiares de los desparecidos mantienen reuniones permanentes en
la Defensoría del Pueblo para conocer el avance de sus casos y esperan
una pronta respuesta de la unidad especializada que se creó para estas
investigaciones. Aseguran que uno de los problemas que afrontan es el
cambio continuo de fiscales y agentes en los procesos investigativos.
17.550
denuncias de desaparecidos se han registrado entre 2011 y 2013 en la Fiscalía.
Contenido publicado originalmente en:
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