Ayer se cumplieron siete meses de la desaparición
del estudiante universitario David Romo.
El joven, que tenía 21 años al momento de su
ausencia, fue visto por última vez el 16 de mayo del presente año en una
parada de bus de la capital cuando se dirigía a su casa ubicada en la Mitad del
Mundo.
Santiago Romo, padre de David, lamentó que en
este tiempo, las investigaciones del caso no hayan avanzado lo suficiente
para conocer más pistas que podrían llevar a encontrar a su vástago, pues
hubo como tres fiscales a cargo de la causa.
Aún así, ve con mucho optimismo que la
desaparición involuntaria se podría tipificar como delito en el texto del
Código Orgánico Integral Penal (COIP), tal como lo anunció el presidente de
la República, Rafael Correa, el último sábado.
"La tipificación de la desaparición, ya
sería un avance, porque nos brinda mayores herramientas judiciales para
continuar en los procesos, y es una mayor tranquilidad para todas las familias
que tenemos este problema", dijo.
De la misma manera, Santiago Romo indicó que si
la desaparición involuntaria es imprescriptible, renace más esperanza para
que los implicados en estos hechos no queden en la impunidad.
Alix Monroy Ardila, madre de Carolina Garzón,
joven colombiana desaparecida el 28 de abril de 2012 en Quito, se encuentra en
el país desde hace 2 meses, ella vive la misma situación que los Romo. La mujer
espera que las investigaciones sobre la desaparición de su hija se agiliten en
la Fiscalía.
"Había un promedio de mínimo cuatro fiscales
por cada caso. Y cuando lo retomaban tenían que iniciar la investigación desde
cero, espero que eso no ocurra ahora".
A base de los casos de las familias de
desaparecidos que mantuvieron una reunión la semana pasada con el presidente
de la República, Rafael Correa, se anunció formalmente una política
integral de apoyo del Estado a las familias que atraviesan esta amarga
situación de no conocer el paradero de sus seres queridos.
No habrá rotación de fiscales como parte de la
política, ya no habrá rotación de fiscales en estos casos, pues era una
situación que dificultaba la continuidad del proceso de indagación.
Además, se contará con un sistema de información
de las personas con una base de datos actualizada, la que servirá para
brindar apoyo económico, psicológico, social, legal y humano que permita
superar el trauma de la pérdida de un familiar.
Se estableció que la Fiscalía tendrá que
investigar todos los casos a través de las nuevas unidades especializadas hasta
llegar a una solución. Además, instituir como derecho y deber del Estado,
encontrar a un familiar desaparecido. Javier Córdova, viceministro del
Interior, indicó que para combatir la problemática de las desapariciones se
creó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas,
Secuestros, Extorsión y Desapariciones (Dinased). Esta entidad se encargará
de dar un adecuado seguimiento respectivo a los casos, así como ejecutar las
investigaciones necesarias para localizar a los familiares perdidos, y
restituirlos a sus hogares.
Para el efecto se están capacitando alrededor de 300
agentes en derechos humanos, relaciones humanas y en aspectos
investigativos.
Plantón en la Plaza de la Independencia Miembros
de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Ecuador (Asfadec), realizaron
ayer un plantón en los exteriores de la Plaza de la Independencia con la
finalidad de exigir sanciones a todos los fiscales y policías que archivaron
sus casos.
Contenido publicado originalmente en:
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