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| Familiares de desaparecidos a la espera de reunirse con autoridades.Alfredo Cárdenas. |
Ellos, junto a decenas de personas, son los rostros de una realidad
que en el Ecuador suma día a día familias y amigos a quienes la paz se
les esfumó de un instante a otro. Desapariciones forzadas, ejecutadas
por uniformados, o involuntarias, realizadas por ciudadanos comunes o
grupos delictivos, atormentan sus vidas al no saber nada de los suyos.
Para todos ellos su cotidianidad cambió: los padres se volvieron
investigadores, las abuelas se transformaron en madres nuevamente y los
hijos se erigieron como cabeza de hogar. Todos intentan llenar el vacío
dejado. Y, aunque es difícil y el tiempo pasa, siempre mantienen la
esperanza de que regresen.
A Elizabeth Rodríguez lo único que le queda, desde la mañana del 7 de
julio del 2012, es la esperanza en Dios para encontrar a su hija
Juliana Campoverde. De ella no sabe nada desde que desapareció camino a
su trabajo, en el sur de Quito.
El corazón de madre de Elizabeth le dice que su ‘pequeña’ de 18 años
está viva. Esto, a pesar de que seis de los siete fiscales y un número
que no recuerda de policías judiciales, que, dice, han pasado por su
caso “sin investigar correctamente”, le han intentado quitar la ilusión
insistiendo en que es complicado que aparezca.
El primer informe temático sobre personas desaparecidas en el
Ecuador, realizado por la Defensoría del Pueblo y presentado la última
semana, revela que en los primeros nueve meses del 2013 hubo un promedio
de 24,4 denuncias diarias por desaparición. La mayor cantidad de 6.670
casos está en Guayas y Pichincha.
Sin embargo, el 95% de hechos se resuelve en menos de 72 horas con el
aparecimiento de la persona; y solo el 5% de las denuncias pasa a
indagación por estar relacionado con delitos como homicidio/asesinato,
asalto, violación o lesiones.
La representante de la Asociación Nacional de Desaparecidos y
Asesinados del Ecuador (Anadea), María Mejía, cree que no tener en la
mayoría de sus casos un juicio y menos una sentencia es parte de la
deuda histórica que instituciones del Estado, como Fiscalía y Policía,
mantienen con ellos.
Es fiel testigo de la lentitud en los procesos, pues en enero del
2014 se cumplirán cuatro años de la desaparición de su hija María
Guerrero y su caso, critica, no pasa de indagación previa. La razón:
tres fiscales y policías que han revisado el proceso han tenido sobra de
indolencia, falta de respeto, carga laboral y desconocimiento de cómo
investigar.
“Hasta para darle facilidad al señor agente hay que darle de comer
bien, porque ellos no miden el bolsillo de cada familia”, apunta Mejía.
Sobre desidia y lentitud también conoce Diana Cedeño Intriago. Desde el
17 de noviembre del 2010 ella busca a su sobrino César Elías Vélez, un
soldado activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien
desapareció en Guayaquil junto con su padre, Stalin Vélez. Por exigir una investigación eficiente que lleve a salir de
indagación previa el caso, que ya tiene más de tres años, dice haber
sido “botada” de la oficina del fiscal que lo lleva, Francisco
Campodónico. No obstante, él niega la acusación y asegura que ahora el
proceso acumula nueve cuerpos y ha actuado apegado a la ley.
“Desde el inicio, aparte del dolor de no saber qué pasó con mi
sobrino, hemos sido pisoteadas, insultadas y hasta tenemos prohibición
de ingresar a ciertas oficinas (en la Fiscalía)”, expuso en una queja
Diana Cedeño.
Debido a este tipo de denuncias, el jueves último, el fiscal Galo
Chiriboga ofreció disculpas públicas y anunció que analiza la
posibilidad de remover de sus cargos a fiscales que a nivel nacional
llevan esos casos.
El estudio de la Defensoría del Pueblo refiere que el 77% de casos
por desaparición está en indagación o instrucción fiscal y el 23% ha
sido vinculado con asesinatos.
Ante el pedido de organizaciones que agrupan a familiares de
desaparecidos para que el Estado incorpore una unidad policial
específica y especializada para estos casos, en octubre pasado, el
ministro del Interior creó una dirección nacional dentro de la Policía.
Pese a las demandas, la denominada Dinased (Dirección Nacional de
Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y
Secuestros) no solo se encargará de investigar desapariciones, sino
además otro tipo de hechos.
De esta dirección dependerán 386 agentes investigadores: 140 son de
la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsiones) y 246 se incorporaron
hace tres días.
Cuando explica la realidad de los desaparecidos en el Ecuador, el
defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dice que el Estado se ha
preocupado de otros temas, como por ejemplo narcotráfico o secuestros,
pero cree que falta fortalecer las áreas que tienen directa relación con
la vida de las personas.
Para Rivadeneira, detrás de una desaparición pueden existir múltiples
causas como la trata de personas, el narcotráfico o delitos que ocurren
en el país, como secuestros y asesinatos. En esa medida piensa que el
Estado debe dar una respuesta inmediata y coordinada, a través de una
política pública.
Tras la reunión del jueves último entre el presidente Rafael Correa y
familiares de desaparecidos, apunta Rivadeneira, el primer mandatario
habría ofrecido impulsar una política pública respecto de este tema en
su gabinete de mañana lunes.
La tipificación de la desaparición, que este tipo de casos no
prescriban, ayuda laboral a los familiares de los desaparecidos y el
ingreso de los casos en el programa de recompensas del Ministerio del
Interior son también otros ofrecimientos.
Pero además de desapariciones forzadas e involuntarias, también
existen los casos de personas que perdieron el rastro a familiares que
padecen de enfermedades o desconocían el sitio donde se encontraban. Un
caso es el de Jimena Díaz, quien desde hace siete meses busca a su
padre, Corazón de Jesús, de 84 años. Sufre epilepsia y aparentemente en
una de sus caminatas por Pusuquí, norte de Quito, perdió la memoria y se
extravió.
Las pistas seguidas por ella la han llevado de Quito a Esmeraldas. En
esos lugares descubrió que muchos adultos mayores con demencia senil y
pérdida de memoria son mendigos y, dice, no hay un sistema policial o de
salud que recopile información sobre ellos en una base de datos, para
que puedan ser reconocidos por familiares que los estén buscando.
Contenido publicado originalmente en:
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