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Miembros de Desendor se reunieron en el exterior de la Asamblea Nacional para entregar su petición. Foto: Álvaro P
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No es la primera vez que personal policial halla cuerpos de personas desaparecidas enterrados en el interior de viviendas. En febrero de 2014 el cadáver de la candidata a concejala de Playas, Lisette Avilés, fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su exconviviente; el fin de semana otras dos víctimas, presumiblemente madre e hijo, fueron exhumados de los cimientos de su propio domicilio, en Cayambe. En ambos casos los supuestos homicidas están tras las rejas.
J.D. y K.T., los principales sospechosos de la muerte de Beatriz
López y su hijo David Núñez, quedaron con prisión preventiva, luego de
que el juez penal del cantón Cayambe aceptó el pedido de la Fiscalía.
Los sindicados fueron detenidos en la ciudad de Riobamba, provincia de
Chimborazo.
El último sábado, personal de la la Dirección Nacional de Delitos
contra la Vida, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones (Dinased),
encontró las osamentas bajo el piso de la vivienda de las víctimas en
Cayambe, y se presume que pertenezcan a la madre con su vástago,
quienes fueron reportados como desaparecidos el 20 de octubre de 2012.
Luego de 14 meses de investigación, los agentes de la Dinased
ubicaron los cuerpos. En la diligencia también participaron funcionarios
del Ministerio de Justicia y Fiscalía. La Dinased tomó el caso en marzo
de 2014 y se realizaron más de 50 acciones investigativas.
Carlos Alulema, titular de la Dinased, dijo que “se tenía indicios y
se asumió la posibilidad de que sus vidas fueron cegadas, por ello
orientamos las diligencias para buscar restos”.
Indicó que se efectuarán las pericias correspondientes para verificar
la identidad de los cadáveres, además el lugar se convirtió en una
escena del delito.
Hasta el 13 de mayo de 2015, la Dinased ha registrado 1.765
desapariciones, de las cuales 1.524 fueron resueltas, y 241 aún están en
investigación.
Tipificación en el COIP
Las familias que no saben dónde se encuentran sus familiares
promueven la tipificación de la desaparición involuntaria como un delito
en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ese es uno de los principales pedidos del colectivo Desendor, que
agrupa a familiares de desaparecidos. Ellos consideran que esa
tipificación es necesaria para que los casos no queden en la impunidad,
cuando son judicializados.
Ayer al mediodía entregaron la solicitud formal a la presidenta de la
Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para que lo tome en
consideración.
María de Lourdes Mejía, presidenta de Desendor, afirmó que en este
tiempo ha contado con el apoyo de las autoridades. Sin embargo, Desendor
motiva esta tipificación en el COIP, para que los casos judicializados
tengan un culpable que sea sancionado.
También sugieren que en el artículo 66, numeral 3, literal c), de la
Constitución, se mencione a la desaparición involuntaria como un derecho
de libertad más a proteger por el Estado.
Carlos Sisalema, vicepresidente de Desendor, considera que es
necesaria la tipificación de este delito. Él busca a su hijo Alex
Sisalema Ontaneda, que desapareció el 12 de enero de 2014. (I)
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