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| Foto referencial. |
Las falencias en
el sistema de justicia, la inoperancia e indolencia de las autoridades de turno
acrecientan la impunidad en la que se envuelve la problemática de la
desaparición de personas en el país, más
aún cuando el malintencionada accionar de distintas personas o grupos
organizados se dedican extorsionar y aprovecharse del drama que viven las
familias de los desaparecidos en Ecuador enviando mensajes de texto o llamando
hacia los números de celular que las familias han dispuesto para la búsqueda de
sus familiares ante el hecho de que el número 1800 Delito (desaparecidos) no funciona adecuadamente.
El objetivo de
los extorsionadores, para con las familias que siguen buscando a sus seres
queridos, pasa desde la obtención de dinero como de cualquier requerimiento que
impusiesen a cambio de información de la persona desaparecida.
Como
organización de derechos humanos, hacemos un llamado al Estado ecuatoriano a
vincular a todos los estamentos públicos y privados pertinentes para investigar
y sancionar estas prácticas inhumanas.
Además, le
exhortamos al Estado ecuatoriano a continuar con la investigación para dar con
el paradero de una persona desparecida, esto en conjunto con leyes que
determinen protocolos de búsqueda conformes a los tratados internacionales de
derechos humanos de los que Ecuador es parte.
Todo este
proceso debe estar enmarcado en la difusión permanente de información qué dé
cuenta de las acciones a tomar en caso de desaparición de una persona. En
conjunto con códigos y leyes que prioricen la búsqueda del ser humano que ha
sido vulnerado en sus derechos. Como organización social en monitoreo constante
de la situación de los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus
familiares en Ecuador, creemos necesario existan lineamientos claros de acción
para que las autoridades, agentes policiales y demás elementos estatales
inmersos los procesos de investigación, tengan las herramientas legales
necesarias para tal objetivo.
Consideramos que
el Estado ecuatoriano no puede escatimar esfuerzos, ni recursos en proveer a
sus ciudadanos las garantías de un ambiente sano y seguro. Y la impunidad es el
mayor riesgo de este obligación del Estado para con sus habitantes.
También hacemos
un llamado a la sociedad civil para no ser indiferente e indolente ante este
dolor que atravesamos miles de familias. A ser parte activa en la exigencia de búsqueda
de verdad y justicia.
Contactos de prensa:
Telmo Pacheco - presidente de Asfadec 0987704869
Lidia Rueda - 09 95601228
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