Hoy, 30 de agosto, al conmemorarse el
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, queremos expresar
nuestro profundo dolor al ver que ha pasado un año más y nuestros seres
queridos aún continúan desaparecidos.
El Estado ecuatoriano no ha logrado
responder dónde están las 4402 personas desaparecidas en el país de enero de
2013 a junio de 2015. De ellas, el 67%
son mujeres entre 11 a 27 años de las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay,
Los Ríos, Manabí y El Oro.
Frente a esta ausencia de respuestas e
investigación en los casos, hoy quienes
conformamos la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas
(Asfadec) informamos que somos una organización que viene actuando desde el año
2012 con el objetivo de visibilizar el grave problema social de la desaparición
de personas y exigir que el Estado ecuatoriano tome medidas eficaces y
oportunas para investigar, sancionar y reparar este tipo de hechos que provocan
un enorme dolor y consecuencias psicológicas, sociales y económicas muy graves
en las miles de familias afectadas por dicha situación. Por esto, solicitamos
al Estado ecuatoriano la:
1.
Tipificación de la desaparición a manos de particulares
en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tal como lo establece el Art 3. De
la Convención contra las Desapariciones Forzadas.
2. Implementación
de una base de datos a nivel nacional que contenga información detallada (sexo, edad, etnia,
rasgos fenotípicos, condición general de salud, tatuajes, cicatrices, etc)
sobre personas que hayan ingresado o hayan sido atendidas en centros
hospitalarios o de salud, morgues, ancianatos y similares.
- Capacitación
integral al más alto nivel para personal especializado, tanto de la
Policía como de la Fiscalía encargados de la investigación de personas
desaparecidas y delitos vinculados al tema.
- Aplicación de
estándares mínimos de trato a los familiares de las víctimas.
- Desarrollo y
ejecución de un nuevo Plan de Recompensas 1800 para las personas que se
encuentran desaparecidas y campañas amplias y bien planificadas a través
de los diferentes medios de comunicación social.
- Desarrollo de
reuniones mensuales entre familiares de las víctimas con los fiscales y
agentes encargados del caso a fin de avanzar en los procesos de
investigación y búsqueda.
- Reuniones
semestrales con el Presidente de la República, Fiscal General del Estado,
Ministro del Interior y el titular
de la Dirección Nacional de
Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y
Secuestros (Dinased) para analizar la implementación eficiente de
políticas públicas y acordar la implementación de adecuaciones o mejoras;
analizar el marco normativo vigente, su efectividad y proponer mejoras,
adecuaciones o adendas y evaluar la gestión institucional y la debida
diligencia estatal.
- Garantizar que,
durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas,
sus familiares y representantes, tengan amplias oportunidades para
participar y ser escuchados durante todos los procesos.
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