Quito, 30 de agosto de
2016
Comunicado
“Dónde estés, dónde
estés,
te encontraré,
Quién se llevó mi
amor
solo dejó dolor
Quien se llevó la
luz,
quién se llevó mi
sol
solo dejó dolor
Dónde estés, dónde
estés,
te encontraré
Hoy nació una lucha
que terminará
Hoy,
30 de agosto, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas queremos expresar nuestro profundo dolor al ver que ha pasado un año
más y nuestros seres queridos aún continúan desaparecidos.
Nos
sumamos a las miles de familias del mundo que exigen verdad y justicia para
encontrar a sus hijos, padres, madres, tíos, compañeros, sobrinos, amigos,
novias …que fueron desaparecidos un día, cortando sus sueños, su vida y alejándolos
de sus familias que hemos hecho de nuestra vida una bandera de lucha para
conocer ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó?
¿Por qué?
Miles
de veces hemos repetidos estás preguntas y la respuesta es el silencio. A la
fecha el Estado ecuatoriano no ha logrado reponder dónde están nuestros seres
queridos, esto pese a la creación de la Dirección Nacional de Delitos contra la
Vida, Muertes Violentas, Desapariciones Extorsión y Secuestros (Dinased) y la
Unidad de Personas Desaparecidas, unidades que carecen de capacitación para
resolver los casos de personas desaparecidas.
Vemos
con tristeza e indignación que traten a nuestros familiares desaparecidos como
frías estadísticas y no como seres humanos
llenos de vida con familias, sueños, tristezas y alegrías. Las estadísticas
sirven para dimensionar el fenómeno y
con ello crear políticas que permitan resolver, sancionar y prevenir. Sin
embargo, a la fecha estas estadísticas son meros número vacíos que se
contradicen entre sí.
Hoy
como todos los días queremos recordarles que no estamos todas ni todos. Que nos
hace falta César Gustavo Garzón Guzmán,
escritor ecuatoriano de 32 años que fue desaparecido el 10 de novimebre
de 1990, en la ciudad de Quito. Alexander
Adrián Romo Basantes, un niño de 2 años y 8 meses que fue desaparecido el 6 de
noviembre de 1994, en el centro histórico de Quito. Luis Daniel Sigcho Ñacato, un joven de 25
años, estudiante de la Universidad Central del Ecuador que desapareció el 4 de octubre de 2008, en
San Rafael. Giovanna Paulina Pérez Constante, joven de 19 años, desaparecida el
4 de diciembre de 2010, en Ambato. Leonor María Ramírez López, una madre de 73
años desaparecida el 29 de abril de 2011, en Quito. Telmo Orlando Pacheco
Aguilar, un joven ecoturista de 33 años que desapareció el 3 de noviembre de
2011, en la ciudad de Loja. Camilo Carlos Antonio Tobar Abril, un padre de
familia de 51 años que desapareció el 17 de abril de 2012, en Quito. Stephany
Carolina Garzón Ardila, una joven colombiana de 22 años que fue vista por
última vez el 28 de abril de 2012, en Quito. Juliana Lizbeth Campoverde
Rodríguez, de 19 años, desaparecida el 7 de julio de 2012, en Quito. Luis
Alfredo Vélsquez Cevallos, de 22 años, desapareció el 2 de septiembre de 2012,
en Quito. Byron Eduardo Rocano Ocampo, de 27 años, desaparecido el 4 de junio
de 2013, en el sur de Quito. Christian Antonio Acevedo, de 52 años,
desaparecido el 21 de abril de 2014, en Quito.
A
la fecha, según la Fiscalía General del Estado se registran 1718 personas
desaparecidas en el país y hasta el momento se desconoce cuál es su paradero.
También
queremos denunciar hoy que seguimos exigiendo justicia para José Francisco
Salazar que desapareció el 26 de septiembre de 2014 y fue encontrado sin vida
por sus familiares el 10 de octubre de ese mismo año. María Beatriz Córdova desapareció
el 26 de enero del 2006 en la ciudad de Latacunga y luego fue hallada si vida. Justicia
y verdad para Oswaldo Chapanta, Angie Carrillo, Roberto Estévez y Luz Esthela
Meneses, personas desaparecidas encontradas sin vida.
Vemos
con preocupación que el fenómeno de la desaparición esta latente en nuestra
sociedad y hoy, una vez más, conscientes de la complejidad que trae consigo la
desaparición de personas y en un afán de aportar lo que la experiencia dolorosa
de estos años nos ha enseñado, llamamos al Estado ecuatoriano, de manera
especial a la Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio
de Justicia, Dinased y a la Defensoría del Pueblo para:
1.
Que
reconozcan de manera interna y pública que existen gravísimas deficiencias institucionales
para la atención efectiva e integral de casos de personas desaparecidas y de manera
particular para el trato hacia los familiares. Que de manera coordinada,
rigurosa y sistemática, garantizando la participación de familiares,
organizaciones de víctimas y organizaciones sociales de derechos humanos,
generen espacios de discusión y planeación de estrategias, instrumentos y
estructuras institucionales, que sean funcionales, eficaces, eficientes e
idóneos. Sin descalificar que las y los familiares a través de estos años de
dolor, lucha y de búsqueda de los/as nuestros/as hemos adquirido conocimientos,
herramientas, destrezas que queremos y podemos compartir con el Estado y que él
no contar con títulos de investigadores o abogados no invalida nuestro aporte.
A este respecto instamos a los
representantes de carteras de Estado e instituciones públicas y a sus
funcionarios a que valoren e incorporen las críticas, recomendaciones y exigencias
que realizamos las/los familias, organizaciones de víctimas y organizaciones
sociales de derechos humanos sobre el quehacer estatal sobre su desempeño. Que
no utilicen argumentos o señalamientos infundados o que buscan menospreciar o
sembrar duda sobre la legitimidad de la lucha que tenemos los/las familiares.
2.
Que
se realice el levantamiento de estadística cuantitativa y cualitativa
actualizada en el nivel nacional sobre los casos de desaparición de personas y
la misma con la participación de familiares, organizaciones de víctimas y
organizaciones sociales de derechos humanos, que está sea analizada de manera
exhaustiva, crítica e interdisciplinaria con el objeto de desarrollar políticas
públicas de prevención y erradicación.
3.
Que
se establezca un registro nacional de personas desaparecidas y un registro
nacional de restos no identificados (NN), en cuya construcción y supervisión
también participen las organizaciones de la sociedad civil y de derechos
humanos. Se garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos
humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro.
En particular, asegurar que en el registro se documente de manera precisa el
fenómeno de la desaparición de casos ocurridos en áreas rurales, de
mujeres personas migrantes.
4.
Que
se tomen todas las medidas necesarias para que no se entreguen a universidades,
se entierren o se incineren los restos mortales que podrían pertenecer a
personas desaparecidas sin haberlos antes identificado de manera científica y
de acuerdo con los estándares internacionales y si no se cuenta con el consentimiento
de la familia.
5.
Que
con la participación activa de familiares, organizaciones de víctimas y
organizaciones sociales de derechos humanos el Estado ecuatoriano realice una
evaluación a la luz de los estándares del Derecho Internacional sobre la eficacia,
ineficacia, existencia o inexistencia idónea y efectiva de procedimientos,
planes, mecanismos de búsqueda e identificación de las víctimas. Y se
desarrollen procesos y procedimientos que incluyan indicadores de resultado que
sean evaluados pública y periódicamente.
6.
Que
Fiscalía y Dinased adopten con urgencia en sus procedimientos los estándares
del Consenso de Principios y Normas Mínimas de Trabajo Psicosocial para
víctimas de desaparición forzada.
7.
Se
destine mayores recursos para la capacitación y contratación de personal
calificado, así como recursos humanos y herramientas especializadas para la
investigación de casos de desaparición de personas.
Finalmente,
queremos expresar nuestra solidaridad con la familia de Andrés y Santiago Restrepo
Arismendi desaparecidos el 8 de enero de 1988; con la familia de Gustavo Garzón
desaparecido el 10 de noviembre de 1990, y con todos las familias de las
personas desaparecidas que lucharon para que en 1997 se construya el Monumento
a los Desaparecidos, en el parque El Arbolito, en la ciudad de Quito, en
homenaje a las víctimas de delitos de lesa humanidad en el Ecuador.
Queremos
expresar nuestro rechazo ante la remoción del monumeto. Quedamos atentos de que
este hecho no sea un intento de borrar la memoria de las y los desaparecidos
sino que su remoción tenga como propósito el mantenimiento y restauración de la
escultura con la supervisión de la autora Dolores Andrade, como ha señalado el
Municipio.
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) por justicia, verdad y memoria.
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